La Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó para el próximo 25 de agosto dos audiencias en procedimientos disciplinarios contra Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, en los que se evalúan actuaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones. Ambas diligencias fueron notificadas este 12 de agosto de 2026.
El primer caso está relacionado con el requerimiento de suspensión de derechos presentado contra Tomás Gálvez, medida con la que se buscaba impedir su retorno al Ministerio Público. Entre los cuestionamientos formulados se sostiene que dicho requerimiento habría sido ilegal y que no contó con una motivación suficiente.
La actuación de Espinoza, sin embargo, se sustentó en las facultades que correspondían a la Fiscalía de la Nación y en la situación jurídica de Gálvez, sobre quien pesaba una denuncia constitucional vinculada a presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado.
Segundo proceso está relacionado con investigación a congresista
La segunda audiencia está vinculada con una investigación que posteriormente derivó en la presentación de una denuncia constitucional contra el congresista Alejandro Soto. Uno de los cuestionamientos apunta a que Espinoza habría demorado alrededor de seis meses en culminar dicha investigación.
Asimismo, se cuestiona que Espinoza se haya reunido con Soto mientras este era investigado, debido a que en ese momento ella ejercía como fiscal de la Nación. Sin embargo, el parlamentario también ocupaba la Presidencia de la Comisión de Presupuesto del Congreso, instancia con la que los titulares de las entidades públicas mantienen coordinaciones vinculadas con la asignación de recursos y las necesidades presupuestales de sus instituciones.
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Los dos procedimientos han generado cuestionamientos debido a que podrían derivar en sanciones contra quien ejerció como máxima autoridad del Ministerio Público por decisiones adoptadas en el marco de investigaciones y actuaciones propias de su despacho.
Las notificaciones de las audiencias se produjeron este 12 de agosto, el mismo día en que el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) tenía previsto realizar una audiencia dentro de un procedimiento seguido contra integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Finalmente, dicha diligencia no se llevó a cabo.
