Para combatir el crimen organizado y reformar el Estado.
El Consejo de Ministros, encabezado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, aprobó el proyecto de ley mediante el cual solicitará al Congreso delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 120 días calendario, con el objetivo de impulsar medidas contra el crimen organizado, dinamizar la economía y ejecutar reformas en el aparato estatal.
La iniciativa comprende 66 pedidos formulados por diferentes sectores del Ejecutivo, agrupados en ocho grandes materias de delegación, entre las que figuran seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, materia tributaria, simplificación administrativa y modernización del Estado.
Uno de los principales ejes del proyecto está relacionado con la lucha contra la criminalidad. El Ejecutivo propone establecer un marco legal que permita declarar a determinados grupos criminales como organizaciones terroristas, facilitando su clasificación y registro dentro de las acciones del Estado contra el crimen organizado.
Asimismo, se plantea regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, así como su apoyo operativo a la Policía Nacional frente a amenazas que comprometan el orden interno y la seguridad nacional.
Mayor control sobre delincuentes y comunicaciones desde penales
En materia penitenciaria, el Gobierno plantea crear un registro de libertad vigilada postpenitenciaria para delincuentes de alta peligrosidad, con el objetivo de reforzar el seguimiento de personas que hayan cumplido condenas por delitos graves.
También se busca modificar las normas de telecomunicaciones para acelerar el rastreo, geolocalización y bloqueo de celulares utilizados para actividades ilícitas, además de aplicar sanciones más severas a las empresas operadoras frente a comunicaciones ilegales provenientes de penales y centros juveniles.
Medidas frente a emergencias y desastres
El pedido de facultades también incorpora cambios en gestión del riesgo de desastres. Entre ellos, se plantea autorizar al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a entregar directamente bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días posteriores a una emergencia, priorizando a las poblaciones más vulnerables.
Además, el Ejecutivo propone ampliar los alcances de la Ley N.° 29230, Ley de Obras por Impuestos, para financiar infraestructura vinculada a defensa civil, gestión de riesgos y reconstrucción de viviendas rurales afectadas por desastres.
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La propuesta incluye también un procedimiento simplificado para ejecutar IOARR de Emergencia, así como herramientas de protección frente a fenómenos climáticos destinadas a garantizar la continuidad de actividades como la pesca artesanal.
En el sector vivienda, se busca optimizar el Bono Familiar Habitacional y el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, con el propósito de acelerar la atención de familias cuyas viviendas hayan quedado inhabitables o colapsado.
Gobierno apunta a una reforma estructural del Estado
Otro de los puntos centrales es la autorización para legislar sobre una reforma estructural del Poder Ejecutivo, orientada a mejorar la eficiencia de las entidades públicas y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles e instituciones del Estado.
Tras la sesión del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que el paquete busca establecer mayor orden tanto en materia de seguridad como en la administración pública.
“Los 66 pedidos de diferentes sectores tienen un sustento razonable y lógico y, sobre todo, están enfocados en poner orden, no solo en las calles sino orden en el Estado”, señaló.
El Ejecutivo informó que la solicitud de delegación de facultades será presentada ante el Congreso para iniciar su evaluación. Los ministros, según indicó Galarreta, acudirán al Parlamento para sustentar las medidas y buscar la aprobación del paquete legislativo.
