¿De qué se trata el proyecto de ley?
El diputado de Ahora Nación, César Augusto Muedas, presentó una iniciativa legislativa que busca cerrar las vías utilizadas por gobernadores regionales y alcaldes para mantener influencia política inmediatamente después de culminar sus mandatos, ya sea postulando a otros cargos dentro de una misma lista, trasladando su candidatura a otra jurisdicción o mediante la participación electoral de familiares directos.
El proyecto de ley tiene como marco los artículos 191 y 194 de la Constitución, que actualmente prohíben la reelección inmediata de estas autoridades.
Alcaldes no podrían postular como primeros regidores
Uno de los principales cambios plantea que un alcalde que termine su mandato no pueda presentarse como candidato a primer regidor durante la gestión municipal inmediatamente siguiente. Esta medida se da en medio de la polémica que generó la postulación de Rafael López Aliaga como primer regidor de la lista para la Alcaldía de Lima de Renovación Popular encabezada por Luis Rubio, quien renunció a su candidatura.
En tanto, para los alcaldes distritales, la restricción sería todavía más amplia: tampoco podrían postular inmediatamente como alcalde o primer regidor de una municipalidad distrital vecina, colindante o perteneciente a la misma provincia. Recién después de transcurrido otro periodo podrían volver a competir electoralmente.
La exposición de motivos sostiene que este mecanismo estaría siendo utilizado para mantener una continuidad política indirecta. Según la iniciativa, al menos 131 alcaldes elegidos en 2022 se encuentran postulando como candidatos a primer regidor para las Elecciones Regionales y Municipales 2026: 22 serían alcaldes provinciales y 109 alcaldes distritales.
El documento menciona que esta situación se presentaría en distintos distritos de Lima Metropolitana, entre ellos La Molina, Ate, Carabayllo, Puente Piedra, Lince, Barranco, Pueblo Libre, San Luis, Rímac, Los Olivos, El Agustino, Breña, Punta Negra, Independencia, San Miguel y Lurín. También señala casos en regiones como San Martín, La Libertad, Áncash, Piura, Amazonas, Huánuco y Arequipa.
Restricción también alcanzaría a gobernadores regionales
La propuesta establece además que un gobernador regional que termine su mandato no podría postular inmediatamente como vicegobernador regional, ni presentarse como gobernador o vicegobernador en otra región del país. La posibilidad de volver a competir por estos cargos quedaría habilitada después de que transcurra, como mínimo, otro periodo de gobierno regional.
Familiares directos tampoco podrían sucederlos
Otro de los puntos centrales del proyecto busca impedir lo que la iniciativa denomina “reelección familiar”.
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En el ámbito regional, no podrían postular como gobernador o vicegobernador el cónyuge, conviviente, hijos, padres o hermanos de quien se encuentre culminando su mandato como gobernador regional.
En las municipalidades ocurriría algo similar: esos mismos familiares del alcalde saliente quedarían impedidos de competir inmediatamente como alcalde o primer regidor, sea a nivel distrital o provincial.
La exposición de motivos sostiene que estas candidaturas pueden generar una ventaja frente a otros competidores y favorecer una continuidad política indirecta. Como referencias internacionales, el proyecto analiza restricciones electorales existentes en Brasil, Colombia y México, incluida la regulación mexicana sobre el denominado “nepotismo electoral”.
Proyecto deberá ser debatido en el Congreso
La iniciativa precisa que no modifica ni deroga expresamente otras normas. En caso de ser aprobada, tendría que aplicarse de manera concordante con la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales y los reglamentos que emita el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Asimismo, señala que su implementación no generaría gasto público directo y que su objetivo sería fortalecer la alternancia democrática, la transparencia electoral y la igualdad de condiciones entre candidatos.
Por ahora, se trata de una propuesta legislativa, por lo que deberá continuar el procedimiento correspondiente en el Congreso antes de convertirse en una norma de obligatorio cumplimiento.
