Mientras Keiko Fujimori promete controlar las cárceles, designa en el INPE a Diego Pajares, cuestionado por presuntas irregularidades en permisos arqueológicos.
Diego Jesús Pajares Andonayre fue designado gerente general del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el 11 de septiembre. Sin embargo, Keiko Fujimori y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez no habrían considerado que anteriormente dirigió la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, institución en la que enfrentó diversos cuestionamientos administrativos.
Su paso por Cultura Cusco estuvo marcado por protestas laborales, denuncias sobre la paralización de proyectos arqueológicos y cuestionamientos a la contratación de asesores externos. A ello se suma una controversia por presuntos favorecimientos en la tramitación de permisos para investigaciones arqueológicas vinculadas al proyecto Pi Rambla.
Estos antecedentes cobran relevancia en un momento en que el Ejecutivo anuncia una reorganización del sistema penitenciario, con cambios de autoridades, reclasificación de internos y construcción de nuevas cárceles.
Diez obras paralizadas y más de 1,800 trabajadores afectados
Uno de los principales cuestionamientos contra Pajares ocurrió a comienzos de marzo del presente año, cuando trabajadores de Cultura Cusco realizaron protestas por la paralización de proyectos de conservación y restauración del patrimonio arqueológico.
Según una publicación de ‘El Sol del Cusco‘, del 4 de marzo, más de 1,800 trabajadores se encontraban afectados por la situación y al menos diez obras permanecían paralizadas. Los manifestantes responsabilizaron a la administración de Pajares por las demoras y exigieron medidas para reactivar los proyectos.
El conflicto no solo involucraba la situación laboral de los trabajadores, sino también la conservación de monumentos históricos y sitios arqueológicos de la región.
Sin embargo, el entonces director sostuvo que existían impedimentos administrativos y legales para la contratación de personal.
El 5 de marzo, el propio Ministerio de Cultura reconoció la necesidad de reactivar las inversiones públicas y anunció que las obras comenzarían a reiniciarse desde el 11 de marzo, con plazo hasta el 16 de ese mes para su reanudación total.
Posteriormente, el 24 de marzo, el sector informó sobre el reinicio de diez intervenciones de restauración, con un presupuesto superior a S/15,2 millones y la proyección de generar más de 600 puestos de trabajo.
Asesorías por S/164 mil mientras las obras permanecían detenidas
Otro episodio que generó cuestionamientos fue la contratación de asesores externos durante la gestión de Pajares.
El 2 de marzo de 2026, el medio regional ‘Qosqo Times‘ publicó una investigación sobre cuatro asesorías que, según la documentación presupuestal citada en su reportaje, habrían representado aproximadamente S/164 mil en un periodo cercano a 100 días.
Entre los contratos observados figuraba el de la abogada Mónica Lucía Ugarte Quijandría, por aproximadamente S/44 mil, para brindar servicios durante 100 días. Esto representaría un promedio de S/440 diarios.
Lo que llamó la atención fue la naturaleza de las funciones descritas: el servicio contemplaba acompañar al director en reuniones, comisiones de trabajo y actividades administrativas, en lugar de concentrarse exclusivamente en la elaboración de estudios técnicos especializados en conservación patrimonial.
La publicación también identificó otras contrataciones:
- Betty Calderón Domínguez: asesoría vinculada con integridad y ética institucional, por aproximadamente S/40 mil.
- Nelly Stefanny Moreno Vilva: funciones relacionadas con supervisión de la Contraloría y transparencia institucional.
- Álvaro Arturo Ruiz Rubio: asesoría sobre instrumentos de gestión administrativa y presupuestal.
Estas contrataciones surgían mientras los trabajadores reclamaban la reactivación de las obras.
Caso Pi Rambla: denuncias por presunto favorecimiento en permisos arqueológicos
A los cuestionamientos administrativos se sumó una controversia relacionada con las investigaciones sobre las llamadas chincanas, antiguos pasajes subterráneos asociados al patrimonio inca en Cusco.
En el mismo mes, la arqueóloga Mildred Fernández Palomino, directora del Proyecto de Investigación Arqueológica Chincana, denunció presuntas irregularidades en la tramitación de permisos para una iniciativa vinculada al grupo Pi Rambla.
Según declaraciones recogidas por ‘El Sol del Cusco‘, la investigadora advirtió que el nuevo proyecto pretendía intervenir un área que, de acuerdo con su denuncia, ya formaba parte de un polígono autorizado por el Ministerio de Cultura para su equipo.
Fernández afirmó que había presentado cuatro oposiciones administrativas contra el procedimiento y cuestionó que estas no hubieran sido resueltas oportunamente.
En sus declaraciones mencionó directamente a Diego Pajares y lo acusó de permitir que el trámite avanzara mediante informes cuya legalidad cuestionaba. La controversia llegó a instancias del Ministerio Público.
El 12 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco realizó diligencias preliminares destinadas a esclarecer si funcionarios habían intervenido irregularmente para favorecer los trámites del proyecto extranjero.
Diego Pajares sale de Cultura Cusco
En medio de los cuestionamientos, el 10 de marzo de 2026, el Ministerio de Cultura emitió la Resolución Directoral N.º 000278-2026-OGRH-SG, mediante la cual dio por concluida la designación temporal de Diego Pajares como director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y en su reemplazo ingresa temporalmente Maritza Rosa Candia.
De Cultura Cusco a la gerencia general del INPE
Pese a los cuestionamientos registrados durante su gestión anterior, Pajares pasó a ocupar un importante cargo en el sistema penitenciario. El 11 de septiembre, el Gobierno de Keiko Fujimori decide nombrarlo gerente general del INPE.
Pero Pajares no ingresó solo al INPE, Betty Calderón Domínguez y Mónica Ugarte Quijandría, mencionadas anteriormente en los cuestionamientos por asesorías en Cultura Cusco, también han sido beneficiadas por el INPE.
Calderón fue designada asesora de la Gerencia General el 24 de septiembre, mientras que Ugarte obtuvo una orden de servicio superior a S/34 mil durante ese mes.
La cuestión central no es solo si Pajares cumple los requisitos formales para ejercer el cargo, sino si las entidades responsables evaluaron adecuadamente su trayectoria antes de encomendarle funciones en una institución estratégica para la seguridad del país.
