La iniciativa de la diputada Analí Márquez plantea extender el proceso de formalización minera hasta diciembre de 2028.
La bancada de Juntos por el Perú, a iniciativa de la diputada Analí Márquez Huanca, presentó un Proyecto de Ley que propone ampliar el proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2028 y modificar las condiciones para conservar concesiones mineras en el país.
La iniciativa surge en medio del debate sobre el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuya vigencia, según la Ley N.º 32537, culminará el 31 de diciembre de 2026 o antes, si entra en vigor la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) junto con su reglamento.
A diferencia de la propuesta del Ejecutivo, que plantea sustituir el REINFO por un nuevo sistema de formalización, el proyecto de Juntos por el Perú busca prolongar el proceso actual mientras el Estado completa el censo minero y verifica las concesiones que podrían encontrarse sin actividad.
¿Qué propone el proyecto para ampliar el REINFO?
La propuesta establece que la formalización minera continuará hasta que se cumplan dos condiciones: que finalice el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y que concluyan los procedimientos legales para determinar qué concesiones pueden caducar y quedar disponibles para nuevos solicitantes.
El plazo máximo sería el 31 de diciembre de 2028. Sin embargo, si ambas condiciones se cumplen antes, el proceso terminaría 60 días después de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) lo oficialice mediante decreto supremo.
Durante este periodo, los operadores que mantienen inscripciones válidas en el REINFO conservarían los efectos de su registro, siempre que cumplan las obligaciones correspondientes. La iniciativa no contempla reincorporar automáticamente a los mineros previamente excluidos ni autorizar actividades en zonas prohibidas.
¿Qué pasaría con las concesiones mineras sin actividad?
Uno de los cambios más importantes es la revisión de las denominadas concesiones mineras ociosas.
El proyecto considera ociosa una concesión que, después del décimo año establecido en la propuesta, no registre producción, inversión ni labores mineras acreditadas y se conserve únicamente mediante los pagos exigidos.
Para evitar que las concesiones permanezcan indefinidamente sin aprovecharse, se plantea que aquellas que incumplan sus obligaciones puedan perder su vigencia al finalizar el año 15, salvo que sus titulares acrediten las condiciones legales para obtener una extensión hasta los años 20 o 30.
No obstante, una concesión no sería retirada automáticamente por encontrarse sin producción. La autoridad tendría que comprobar el incumplimiento y seguir el procedimiento correspondiente, respetando el derecho de defensa del titular.
Las áreas que finalmente queden disponibles podrían ser solicitadas por nuevos interesados, incluidos pequeños productores y mineros artesanales, conforme a las reglas de acceso establecidas por ley.
Grandes titulares mineros pagarían hasta US$20 por hectárea
La iniciativa también propone modificar el derecho de vigencia, es decir, el pago anual que permite mantener un derecho minero.
Actualmente, la tarifa general es de US$3 por hectárea. El proyecto plantea establecer montos diferenciados según la extensión acumulada por cada titular:
| Superficie acumulada | Pago anual propuesto |
|---|---|
| Hasta 10.000 hectáreas | US$3 por hectárea |
| Más de 10.000 hasta 50.000 | US$5 por hectárea |
| Más de 50.000 hasta 100.000 | US$10 por hectárea |
| Más de 100.000 hectáreas | US$20 por hectárea |
En cambio, los pequeños productores mineros conservarían la tarifa de US$1 por hectárea y los mineros artesanales pagarían US$0,50.
Por ejemplo, un titular del régimen general con 12.000 hectáreas pasaría de pagar US$36.000 a US$60.000 anuales, debido a que la nueva tarifa se aplicaría sobre toda la superficie acumulada.
Con este mecanismo, la propuesta busca desincentivar la acumulación de extensiones sin actividad acreditada y promover un mayor aprovechamiento de los recursos mineros.
¿En qué se diferencia de la nueva Ley MAPE?
El proyecto de Ley MAPE presentado por el Ejecutivo el 19 de octubre de 2026 propone que el REINFO concluya este año y sea reemplazado por un nuevo esquema de regulación.
Este modelo contempla un régimen ordinario permanente y otro de consolidación, temporal y excepcional, destinado a operadores inscritos en el REINFO que deban completar requisitos pendientes.
Según lo expuesto por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ante la Comisión de Energía y Minas de Diputados el 27 de octubre, el régimen de consolidación tendría vigencia hasta el 30 de junio de 2028.
Además, la Ley MAPE plantea crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), encargado de funciones vinculadas con la formalización, autorización y trazabilidad de las actividades mineras.
La propuesta del Ejecutivo también busca fortalecer los controles sobre el origen, transporte, procesamiento y comercialización de minerales, además de facilitar el acceso de los pequeños mineros a servicios financieros.
En contraste, el proyecto de Juntos por el Perú se concentra en mantener vigente el proceso de formalización mientras se completa el censo y se revisa la situación de las concesiones. También introduce mayores obligaciones económicas para los grandes titulares mineros.
¿Qué implicaría para los mineros?
De aprobarse la iniciativa de Juntos por el Perú, los operadores comprendidos en el proceso de formalización tendrían un plazo adicional, sujeto a las condiciones propuestas, para completar sus trámites.
Sin embargo, estar inscrito en el REINFO no otorgaría automáticamente una concesión minera ni autorización para explotar minerales. Los operadores continuarían sujetos a las exigencias ambientales, laborales, tributarias y de seguridad.
El proyecto también implicaría una mayor labor de fiscalización para el MINEM, el INGEMMET y los gobiernos regionales, que tendrían que verificar las obligaciones de los concesionarios e identificar las áreas que podrían quedar legalmente disponibles.
Por ahora, ninguna de estas nuevas disposiciones ha sido aprobada como ley. El Congreso deberá evaluar las propuestas y determinar qué modelo de formalización minera regirá después del vencimiento del REINFO.
