Los estados financieros auditados de Petroperú, correspondientes al 2025, revelan que la empresa estatal registró una pérdida neta de US$ 601,5 millones, cifra superior a la informada anteriormente por la propia compañía.
El informe, presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), también identifica observaciones relacionadas con el reconocimiento del deterioro de activos y refleja una delicada situación financiera.
Según la normativa vigente, los estados financieros auditados no solo deben ser comunicados mediante un hecho de importancia ante la SMV, sino también ser presentados a la Junta General de Accionistas (JGA), integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Auditoría detecta diferencias con informe de Petroperú
En febrero de 2026, la empresa reportó una pérdida neta de US$ 468,3 millones al cierre del cuarto trimestre de 2025. Sin embargo, los estados financieros auditados elevan esa cifra hasta US$ 601,5 millones, es decir, más de US$ 130 millones adicionales.
La sociedad auditora Gaveglio, Aparicio y Asociados señaló que la compañía habría subestimado el deterioro de algunos activos.
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Según el informe, Petroperú «debería incrementar la provisión por deterioro en los estados financieros al 31 de diciembre de 2025», lo que implica que la pérdida por deterioro, la provisión correspondiente y el activo por impuesto a la renta diferido habrían sido registrados por debajo de lo correspondiente.
Factores explican el resultado financiero
El informe auditado atribuye las pérdidas registradas durante 2025 a diversos factores operativos y financieros que afectaron el desempeño de la empresa.
Entre ellos destacan:
- Las restricciones operativas ocasionadas por el cierre de puertos debido a oleajes anómalos, que limitaron el abastecimiento de crudo y la operación de la Nueva Refinería de Talara durante el primer semestre.
- La caída de los precios internacionales del petróleo y de sus derivados, que impactó negativamente en el valor de los inventarios.
- Las dificultades para acceder a líneas de crédito bancarias, afectando la liquidez necesaria para adquirir crudo y productos destinados al procesamiento.
- La reducción de los ingresos provenientes de los lotes petroleros, principalmente por la culminación de los contratos de licencia de los Lotes I y VI en octubre de 2025 y por los resultados negativos registrados en el Lote Z.
Capital de trabajo continúa en terreno negativo
Otro de los aspectos que preocupa a la auditoría es la posición financiera de corto plazo de la empresa. Al cierre de diciembre de 2025, Petroperú registró un capital de trabajo negativo de US$ 2.296,4 millones, debido a que sus pasivos corrientes superan ampliamente sus activos corrientes.
Esta situación refleja las dificultades que enfrenta la empresa para atender sus obligaciones de corto plazo y mantener niveles adecuados de liquidez.
Crecen las preocupaciones dentro de la empresa
La publicación de los estados financieros auditados también ha incrementado la preocupación al interior de Petroperú.
Según fuentes consultadas por medios nacionales, entre trabajadores y sectores de la empresa ha comenzado a discutirse la posibilidad de solicitar cambios en parte de la plana gerencial, ante el complejo panorama financiero evidenciado por la auditoría.
En paralelo, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) reiteró recientemente la necesidad de fortalecer la gobernanza de la empresa estatal mediante mayores estándares de transparencia, auditoría, eficiencia operativa y rendición de cuentas.
El gremio también enfatizó que cualquier procedimiento interno que se adopte deberá desarrollarse respetando el marco legal vigente, el debido proceso y las garantías de objetividad e imparcialidad para los trabajadores.
Con la publicación de los estados financieros auditados, Petroperú enfrenta ahora un nuevo escenario de escrutinio sobre su desempeño financiero, mientras sus accionistas y autoridades evalúan las medidas que podrían adoptarse para enfrentar la situación económica de la empresa estatal.
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