Por: Rafael Rodríguez Campos
El 15 de agosto de 2023 el economista Santiago Peña Palacios asumió el cargo de presidente de la República de Paraguay. A los 47 años se convirtió en el 52° jefe de Estado paraguayo, cargo que debía ejercer hasta el 15 de agosto de 2028. Sin embargo, el pasado 6 de noviembre el expresidente Peña fue destituido por el Congreso de la República en medio del escándalo “Ueno Bank”.
Al respecto, es importante señalar que la destitución del expresidente Peña se dio en el marco de un juicio político en el que ambas cámaras parlamentarias consideraron que el referido jefe de Estado había incumplido con sus funciones. Por un lado, en la Cámara Baja, 78 de 80 diputados votaron a favor de la destitución. Mientras que, en la Cámara Alta, 44 de 45 senadores respaldaron la decisión de los diputados.
El caso Ueno Bank
Dicho ello, para entender esta crisis política es necesario, en principio, acercarnos al caso “Ueno Bank”.Ello es asíporque la crisis política en Paraguay se desató a partir de la quiebra e intervención de Ueno Banky los presuntosvínculos personales del expresidente Peña con dicha entidad bancaria.
Hoy sabemos que Ueno Bank (desde la llegada del expresidente Peña al gobierno) registró un crecimiento patrimonial vertiginoso pasando de miles a cerca de 3 millones de clientes. Así, durante el gobierno del expresidente Peña los depósitos de entidades del Estado, entre ellos los millones del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las pensiones de jubilación, aumentaron exponencialmente.
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Sin embargo, el Banco Central de Paraguay (BCP) emitió un informe revelando que la referida entidad financiera no tenía la solvencia mínima requerida. Luego, el BCP intervino el banco congelando las cuentas de 1,7 millones de clientes, desatando una ola de protestas sociales en las calles de Asunción y otras ciudades guaraníes.
Los vínculos presidenciales
Hasta ese punto, estábamos ante un problema de orden bancario y/o financiero. Sin embargo, la crisis bancaria terminó convirtiéndose en un tsunami político cuando salió a la luz que el expresidente Peña había sido socio y accionista de varias empresas del Grupo Vázquez (dueño de Ueno Bank) hasta marzo de 2025 (cuando ya era jefe de Estado en Paraguay), y que, tras dicho alejamiento, Ueno Bank empezó a entregar créditos irregulares a empresas del mismo grupo. Frente a ello, en un esfuerzo por controlar los daños, el expresidente Peña buscó destituir al presidente del Banco Central, con la finalidad de bajarle el tono a la discusión pública. Pero el esfuerzo fue inútil ya que la indignación social siguió creciendo forzando a las cámaras a tomar una decisión definitiva.
Al cabo de algunos días, la situación social y política se puso cada vez más difícil para el expresidente Peña. Fue así como con la finalidad de restablecer el orden y tranquilidad en Paraguay, y ante la segura aprobación del juicio político en su contra, el ex jefe de Estado decidió presentar su renuncia al cargo. Sin embargo, el Congreso de la República no aceptó la misma tras la falta de quórum en el Senado, por lo que permaneció en su cargo hasta la destitución aprobada por ambas cámaras.
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El impacto del tsunami Ueno Bank
Ahora bien, nadie puede negar la importancia que ha tenido el caso Ueno Bank en la política paraguaya, más si se tiene en cuenta que la misma terminó con la destitución del expresidente Peña por incumplimiento de funciones. Sin embargo, lo que quieren saber los paraguayos es en qué media la crisis política desatada por la destitución del expresidente Peña impactará en la marcha económica del país afectando el bolsillo de las familias guaraníes.
Sobre este punto, diversos analistas financieros paraguayos, entre ellos el destacado Amílcar Ferreira, consideran que la economía está estable en Paraguay, y seguirá así porque los pilares macroeconómicos sobre los cuales han consolidado su modelo de desarrollo se mantienen sólidos: inflación baja, crecimiento alto, deuda moderada, reservas holgadas, competitividad en costos y llegada de nuevas empresas.
En esa línea, el referido experto señaló que “afortunadamente todo este proceso político se hizo rápido (respetando las reglas institucionales), y que la llegada casi inmediata al poder del vicepresidente, Pedro Alliana, contribuirá a normalizar la situación política. Es más, indica que es muy poco probable que la crisis frene el crecimiento, pero que “sí existe un riesgo de que aumentará la volatilidad financiera, debilitará la confianza de los inversionistas y afectará negativamente el entorno empresarial a corto plazo”.
Sistema financiero y supervisión estatal
Por otro lado, visto el problema desde una perspectiva de gestión pública, otros expertos señalan que, si bien el impacto del caso Ueno Bank “es manejable en números”, la crisis desatada pone al descubierto debilidades en la regulación, supervisión, fiscalización y sanción de la banca por parte de las entidades públicas competentes en Paraguay.
Hoy sabemos que Ueno Bank terminó concentrando cerca del 10% de los depósitos del sistema y tenía aproximadamente 3 millones de clientes, a pesar de que su índice de solvencia estaba por debajo de la mitad del mínimo regulatorio. Del mismo modo, el escándalo evidenció la irresponsabilidad con la que algunas entidades estatales administran fondos públicos.
Así, debemos recordar que el Instituto de Seguridad Social tuvo una cartera de inversiones en Ueno Bank por un monto de 355 millones de dólares (aproximadamente el 10% de su cartera) y terminó dependiendo del banco para cumplir con el pago de 32 mil jubilados. En la misma situación se encuentran la Empresa Eléctrica Estatal e Itaipú, la empresa de capital brasileño-paraguayo que gestiona la represa hidroeléctrica de dicha región, pues ambas tienen fondos congelados en el banco.
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El camino a las elecciones presidenciales 2028
En suma, lo cierto es que las próximas semanas serán claves para saber si esta crisis bancaria termina convirtiéndose en un problema fiscal y político mayúsculo de cara a las elecciones presidenciales de 2028. Decimos ello porque recordemos que en 2023 el Partido Colorado (oficialista) fue uno de los pocos partidos de gobierno que logró la reelección presidencial en América Latina.
En esa línea, si el Partido Colorado quiere llegar con alguna aspiración electoral a las próximas elecciones presidenciales será necesario que aceleren el procedimiento de pago a los afectados con cargo al denominado “fondo de garantía”. Del mismo modo, otro asunto que deberá resolver el gobierno está relacionado con la forma en la que se van a distribuir las pérdidas asociadas a los depósitos estatales que habían sido colocados en Ueno Bank.
En suma, el manejo que el Partido Colorado tenga sobre la crisis será el factor clave de cara a la sucesión presidencial de 2028. En principio, el 5 de noviembre, la mayoría oficialista en la Cámara Baja archivó, por 48 votos contra 30, la solicitud de juicio político contra el vicepresidente (hoy presidente) Pedro Alliana. Lo hizo con la única finalidad de que Alliana pueda completar el mandato constitucional hasta 2028, una vez que el expresidente Peña fuera destituido, y para que el oficialismo mantenga el control de la transición.
Apunte final
Más allá de lo expuesto, la caída del expresidente Peña, luego de haberse descubierto sus nexos con una entidad de la banca privada (Ueno Bank), que se vio beneficiada con depósitos provenientes de fondos públicos pertenecientes a diversas entidades estatales, luego de su llegada al Palacio de López, vuelve a poner sobre la mesa el viejo debate en América Latina sobre las denominadas “puertas giratorias”.
Hacemos esta alusión porque en nuestra región no son pocos los casos de políticos que habiendo ocupado altos cargos en el sector público (presidentes, ministros, legisladores, entre otros) pasan a las nóminas en el sector privado (multinacionales, empresas o consultoras), o viceversa, luego de haber tomado decisiones para favorecer a los intereses de las grandes corporaciones y en desmedro del interés público.
Se trata de una práctica perniciosa que debemos desterrar de las esferas más altas del poder público en la región. Debemos hacerlo sobre la base de tres razones fundamentales: 1) Conflicto de intereses: pues los funcionarios pueden tomar decisiones a favor de una empresa mientras están en el gobierno, con la expectativa de ser contratados o recibir un beneficio de esa compañía al dejar el cargo; 2) Uso de información clasificada: pues los exfuncionarios aprovechan conocimiento confidencial del Estado para beneficiar a sus nuevos empleadores particulares; y 3) Captura de políticas públicas: pues existe un alto riesgo de que las leyes, normas o actos administrativos se emitan a medida de los intereses de las grandes corporaciones (los nuevos empleadores de los ex funcionarios) y no del bien común.
