La nuevas restricciones migratorios también incluyó a los familiares del magistrado y a funcionarios de Bolivia, Colombia y Ecuador.
El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos, magistrado del Primer Juzgado Constitucional de Lima, y extendió la medida a sus familiares directos. La decisión fue anunciada el 28 de septiembre por el Departamento de Estado como parte de una nueva política de restricciones de visado contra ciudadanos de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador que, según Washington, atentan contra gobiernos elegidos democráticamente mediante actos de corrupción o narcotráfico.
El magistrado peruano también es conocido por una sentencia emitida a inicios de 2026 que favoreció a Cosco Shipping, empresa china que opera el megapuerto de Chancay.
El fallo que puso a Núñez Matos en el foco
El 29 de enero de 2026, Núñez Matos declaró fundada una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y la Presidencia del Consejo de Ministros.
En primera instancia, el juez ordenó a Ositrán abstenerse de ejercer sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones y actividades de la empresa dentro del terminal portuario de Chancay. La excepción contemplada estaba relacionada con la determinación de tarifas a usuarios finales, previa intervención de Indecopi.
La resolución generó controversia debido al alcance de las facultades del Estado sobre el terminal portuario, una infraestructura estratégica cuya operación está vinculada a capitales chinos.
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Sin embargo, el fallo de Núñez Matos no quedó firme. La Segunda Sala Constitucional de Lima posteriormente revocó la decisión de primera instancia y declaró improcedente la demanda de Cosco. La sala sostuvo que el puerto de Chancay es una infraestructura de transporte de uso público y que la empresa operadora está sujeta a las facultades de Ositrán.
El conflicto judicial todavía no ha terminado. Cosco presentó un recurso de agravio constitucional y, en julio de 2026, la Segunda Sala Constitucional concedió el recurso para que el expediente sea elevado al Tribunal Constitucional.
¿Por qué intervino Estados Unidos?
El Departamento de Estado anunció una nueva política de restricciones de visas bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Washington sostiene que esta medida puede aplicarse contra ciudadanos extranjeros que, según su evaluación, socaven gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o actividades vinculadas al narcotráfico.
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En el caso peruano, Estados Unidos identificó únicamente a Juan Carlos Núñez Matos y a su familia entre las personas alcanzadas por esta política.
En Bolivia fueron afectados fiscales, jueces y otros funcionarios; en Colombia, una senadora y un empresario; y en Ecuador, dos ciudadanos cuyos nombres no fueron difundidos.
Chancay, en medio de la disputa geopolítica
El caso adquiere una dimensión internacional porque el puerto de Chancay es operado por Cosco Shipping, empresa china que participa en uno de los principales proyectos de infraestructura portuaria del Perú.
La infraestructura fue inaugurada en noviembre de 2024 y representa una inversión aproximada de US$1.300 millones. Su importancia económica y estratégica ha convertido al terminal en un punto de interés dentro de la creciente competencia entre Estados Unidos y China en América Latina.
De hecho, la controversia sobre Chancay ya había generado pronunciamientos desde Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuestionó previamente proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino y señaló preocupaciones relacionadas con los marcos legales, la transparencia y la seguridad de los datos.
Así, la decisión de Estados Unidos contra Núñez Matos coloca nuevamente al megapuerto de Chancay en el centro de una disputa que trasciende el ámbito judicial peruano y alcanza dimensiones comerciales y geopolíticas.
