El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, se pronunció sobre la situación de las concesiones mineras en el país y sostuvo que cualquier modificación de los plazos para exploración o producción debe diferenciar entre los titulares que desarrollan inversiones y aquellos que mantienen áreas únicamente con fines especulativos.
“Lo que hay que tener claro también es que el Estado, cuando otorga una concesión minera, la da para que la trabajen, no para que especulen”, señaló en una entrevista con Gestión.
La discusión surge a raíz de la propuesta de modernización de la Ley General de Minería, que contempla mecanismos para evitar la especulación mediante plazos obligatorios para la exploración y producción. La iniciativa generó preocupación en el sector debido a que podría afectar a concesionarios que todavía no producen, pero que sí realizan inversiones o desarrollan trabajos sobre sus propiedades.
Shinno: no todas las concesiones que no producen están “ociosas”
Shinno cuestionó que se generalice el concepto de “concesiones ociosas”, al considerar que existen situaciones distintas entre los titulares mineros. “Mucha gente habla de ‘concesiones ociosas’, pero esto no es así. El término está muy equivocado. Hay que diferenciar: así como hay buenos y malos mineros, también hay buenos y malos concesionarios”, explicó.
Según indicó, existen empresas o titulares que poseen extensas áreas concesionadas y que ya realizan inversiones y operaciones, aunque todavía deben definir cómo continuarán desarrollando otras concesiones bajo su control.
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Sin embargo, reconoció que también existen titulares que mantienen concesiones con fines especulativos, una situación que el Gobierno busca corregir.
Reducir plazos dependerá también de la eficiencia del Estado
Respecto de una eventual reducción de los plazos para las concesiones que no producen, Shinno advirtió que una medida de este tipo solo podría funcionar si las entidades públicas cumplen oportunamente con la evaluación y aprobación de permisos.
“Un plazo menor podría funcionar solo si el Estado también actuara oportunamente. Pero los permisos no salen en los momentos que deben y eso, lamentablemente, también lleva a que los proyectos mineros demoren en implementarse”, indicó.
A ello, agregó, se suma la conflictividad social alrededor de algunos proyectos, otro factor que puede retrasar el inicio de las operaciones.
Por ese motivo, el ministro señaló que establecer plazos más cortos debería estar acompañado de garantías de que el aparato estatal pueda responder dentro de los tiempos requeridos.
Evalúan carta fianza y planes obligatorios de trabajo
Entre las alternativas que analiza el Ejecutivo se encuentra la posibilidad de establecer un plazo determinado para el desarrollo de las concesiones. Otra opción sería exigir una carta fianza vinculada a un plan de trabajo, mediante la cual el concesionario asumiría el compromiso de ejecutar determinadas actividades. “Si no lo ejecutan, se cobra una garantía”, explicó Shinno.
No obstante, precisó que todavía no existe una decisión definitiva y que el Minem se encuentra revisando experiencias internacionales para determinar cuál sería el mecanismo más adecuado.
Minem apunta también a simplificar permisos mineros
El ministro sostuvo que cualquier reforma de las concesiones deberá avanzar conjuntamente con una simplificación de los procedimientos administrativos que actualmente retrasan los proyectos.
Shinno identificó dos grandes etapas. La primera corresponde a la evaluación ambiental, cuyo ente rector es el Ministerio del Ambiente (Minam), donde consideró que existen espacios para optimizar los procedimientos sin reducir el rigor técnico.
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La segunda corresponde a la etapa constructiva, que comprende autorizaciones, construcción, puesta en marcha y operación de los proyectos.
En este punto, el titular del Minem consideró que algunos procedimientos podrían ser revisados bajo esquemas de control posterior, encargando la fiscalización a organismos como Osinergmin u OEFA.
De esta manera, el Gobierno busca que una eventual reforma de las concesiones mineras no se limite a imponer mayores obligaciones a los titulares, sino que vaya acompañada de una reducción de los cuellos de botella estatales que actualmente retrasan la exploración, construcción y puesta en marcha de nuevos proyectos.
