El director del Instituto de Criminología advierte que la minería ilegal impulsa delitos como la extorsión, el sicariato y el lavado de activos.
La minería ilegal continúa expandiéndose en el Perú y, con ella, también crecen las organizaciones criminales que operan alrededor de esta actividad. Para Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, el problema ya no puede entenderse únicamente como una actividad extractiva ilegal, sino como una economía criminal que afecta directamente la seguridad ciudadana y el desarrollo del país.
En entrevista con Minería 360°, el especialista analizó el impacto de estas redes ilícitas y planteó las principales medidas que debería adoptar el próximo gobierno liderado por Keiko Fujimori. Entre ellas, destacó la necesidad de fortalecer la inteligencia financiera, impulsar la formalización minera y reformar integralmente el sistema de justicia para enfrentar el avance del crimen organizado.
La minería ilegal fortalece al crimen organizado
Zevallos sostuvo que la minería ilegal se ha convertido en uno de los principales motores de la criminalidad en el país. «Cuando uno hace una mirada más integral del problema, se encuentra que la minería ilegal, como otras economías ilegales, es una locomotora de otros delitos», afirmó.
El especialista explicó que alrededor de esta actividad se desarrollan delitos como la extorsión, el sicariato, las invasiones, el lavado de activos, la corrupción, la trata de personas y el tráfico de explosivos. Además, indicó que estas redes no son controladas por una sola organización criminal, sino por una estructura compleja de actores que participan en distintas etapas del negocio ilegal.
La lucha contra la minería ilegal debe enfocarse en el dinero
Para el director del Instituto de Criminología, combatir estas economías ilícitas requiere mucho más que operativos policiales. «Hay que poner la puntería sobre los flujos financieros ilícitos, porque finalmente eso es un negocio», señaló al explicar que seguir la ruta del dinero es una de las herramientas más eficaces para debilitar al crimen organizado.
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Asimismo, indicó que el Estado debe combinar las acciones de control y persecución penal con incentivos para la formalización minera. En ese sentido, consideró que mecanismos como la trazabilidad del oro y del cobre permitirán cerrar espacios a la comercialización de minerales de origen ilegal.
La reforma del sistema de justicia es una prioridad
Zevallos también advirtió que la inseguridad no se resolverá fortaleciendo únicamente a la Policía. «Es importante repensar todo el sistema de seguridad y justicia para que sea eficiente: Policía, Fiscalía, Poder Judicial y sistema penitenciario», afirmó. A su juicio, cualquier reforma aislada terminará chocando con las deficiencias de las demás instituciones.
Finalmente, alertó sobre el crecimiento del sicariato, la extorsión y el reclutamiento de menores por organizaciones criminales. Frente a este panorama, sostuvo que el Estado debe recuperar el control de los territorios más afectados y generar oportunidades de educación, deporte y empleo para evitar que más jóvenes sean captados por estas redes delictivas.
