Durante su primer año de actividad.
La diputada Roxana María Rocha Gallegos presentó el proyecto de ley denominado “Ley Mi Primera Empresa”, una iniciativa que busca crear un régimen especial para impulsar la creación, formalización y crecimiento de empresas y startups juveniles mediante incentivos tributarios, financieros, laborales y administrativos.
Uno de los principales beneficios propuestos es una tasa promocional de 10% del Impuesto a la Renta sobre la renta neta imponible anual durante el primer ejercicio gravable para las empresas juveniles acogidas al Régimen General o al Régimen MYPE Tributario. Además, podrían deducir adicionalmente hasta el 100% de determinados gastos vinculados con innovación tecnológica, transformación digital, investigación, capacitación de trabajadores jóvenes y adquisición de software y equipos tecnológicos.
¿Qué empresas podrían acceder?
Para ser considerada una empresa juvenil, la propuesta exige que al menos el 50% de la participación accionaria o societaria pertenezca a jóvenes de entre 18 y 29 años, porcentaje que deberá mantenerse durante el periodo en que se reciban los beneficios. La empresa también deberá operar en el Perú, encontrarse activa y habida en el RUC y no registrar determinadas sanciones firmes en materia tributaria, laboral, ambiental o de libre competencia.
El proyecto también busca reducir los costos de formalización. Las empresas que cumplan con la participación juvenil establecida estarían exoneradas por única vez del pago de derechos registrales por la reserva del nombre y la inscripción del acto constitutivo ante Sunarp. La propuesta contempla, además, mecanismos digitales para la constitución virtual de empresas, obtención acelerada de RUC, licencias y autorizaciones, así como una ventanilla única digital.
Incentivos para contratar jóvenes
Otro de los ejes de la iniciativa apunta a incentivar el primer empleo formal. Las empresas juveniles podrían realizar una deducción adicional equivalente al 50% de la remuneración básica pagada a un trabajador joven durante sus primeros 12 meses de contratación, siempre que se trate de su primer empleo formal y que la incorporación genere un incremento neto de la planilla de la empresa.
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A ello se suma la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo implemente un subsidio temporal de hasta el 15% de la Remuneración Mínima Vital por cada trabajador joven contratado, durante un periodo máximo de 12 meses. Este beneficio dependería de convocatorias públicas y de la disponibilidad presupuestal, por lo que no sería automático. Se priorizaría a jóvenes en situación de vulnerabilidad, con discapacidad, residentes en zonas rurales, amazónicas o fronterizas y egresados que ingresen por primera vez al empleo formal.
Nuevo fondo para capital semilla y créditos
La propuesta crea además el Fondo Nacional de Emprendimiento Juvenil e Innovación (FONEJI), bajo conducción del Ministerio de la Producción. Este mecanismo financiaría capital semilla, incubación y aceleración de negocios, asistencia técnica, créditos, garantías financieras, innovación, transformación digital y acceso a mercados. Los instrumentos crediticios y de garantías serían canalizados a través de Cofide.
Más de 280 mil MYPE son conducidas por jóvenes
La exposición de motivos señala que, al cierre de 2025, existían 280,196 micro y pequeñas empresas formales conducidas por jóvenes de 18 a 29 años. El 96.5% eran microempresas y el 88.6% se concentraba en actividades de comercio y servicios. Lima reunía el 39.6% del total.
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Asimismo, información de Sunat citada en el proyecto señala que, al 11 de junio de 2026, existían 418,108 registros de RUC creados por personas de entre 18 y 29 años con rentas de tercera categoría. Sin embargo, durante 2025 se produjeron 16,850 suspensiones temporales de actividades y 49,954 bajas de inscripción, cifras utilizadas por la iniciativa para sustentar los problemas de sostenibilidad de los emprendimientos juveniles.
El proyecto también advierte brechas en el acceso al crédito. Al cierre de 2025 había 735,707 jóvenes con algún crédito MYPE, pero su saldo promedio de deuda era de alrededor de S/7,000, frente a aproximadamente S/21,000 entre las personas de 30 años a más.
Los beneficios planteados serían temporales. De aprobarse la iniciativa, los beneficios tributarios tendrían una vigencia de un año, mientras que el subsidio laboral y las subvenciones económicas podrían extenderse como máximo por dos años. La propuesta también establece que su implementación dependerá del presupuesto de las entidades involucradas y, cuando corresponda, de un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.
