El suboficial, identificado como Alejandro Neyra Abanto, murió mientras era trasladado de emergencia en un helicóptero de la Fuerza Aérea.
Un operativo realizado en la mañana del lunes 27 de abril, en la comunidad nativa Providencia, distrito de Trompeteros en la región de Loreto, terminó con la muerte del suboficial Alejandro Neyra Abanto. La intervención policial tuvo como objetivo liberar dos embarcaciones petroleras y siete trabajadores secuestrados de la empresa RICSA.
Los responsables del secuestro eran miembros de la comunidad indígena de Trompeteros, quienes exigieron dos millones de soles a cambio de la liberación de ambas barcazas. La empresa RICSA denunció que los pobladores tenían retenidas a sus embarcaciones y sus trabajadores desde el 12 de abril.
Dentro de las embarcaciones se transportaban más de diez mil barriles de crudo hacia la Refinería Iquitos en el momento del secuestro.
El operativo fue dirigido por la Unidad de Servicios Especiales de la PNP y contó con el apoyo de miembros de la Marina de Guerra. Sin embargo, durante el rescate se produjo un enfrentamiento entre los agentes policiales y los miembros de la comunidad, donde el suboficial Neyra Abanto terminó siendo herido por un disparo.
El agente policial falleció a causa del impacto mientras era trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea hacia el Hospital de Loreto. Asimismo, el suboficial Abraham Saldaña Sánchez, también resultó herido en el hombro producto del enfrentamiento.
Resultados del operativo
En un primer momento, las autoridades lograron rescatar a tres trabajadores secuestrados, pero al finalizar el operativo pudieron liberar a los cuatro restantes junto con las barcazas retenidas. Las embarcaciones aún permanecen estancadas en el área, debido a que los pobladores retiraron partes importantes para el funcionamiento de la maquinaria.
Entre los trabajadores liberados se encontraba Jean Pierre García, jefe operacional de la empresa, quien declaró que él y su tripulación fueron retenidos como parte de una protesta de la comunidad por no recibir beneficios de la actividad petrolera en la zona.
En tal sentido, la empresa RICSA identificó como principal responsable del secuestro a Manuel Peraza Sandi, el apu de la comunidad de Providencia, afirmando que fue el encargado de la extorsión por dos millones de soles.
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