El Poder Judicial archivó la acusación por el delito de organización criminal presentada contra el expresidente Ollanta Humala Tasso, su esposa Nadine Heredia Alarcón y cuatro exministros de Estado dentro del proceso por presuntos actos de corrupción relacionados con la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano.
Leodan Cristóbal Ayala, juez de investigación preparatoria, concluyó que correspondía aplicar la norma penal más favorable para los procesados.
La resolución también beneficia a los exministros Luis Miguel Castilla Rubio, Eleodoro Mayorga Alba, René Cornejo Díaz y Carlos Paredes Rodríguez. En tanto, el exministro Jorge Merino Tafur ya había sido excluido anteriormente mediante otra resolución judicial.
Pese a esta decisión, el proceso penal no ha concluido. La investigación continúa en la etapa de control de acusación por el presunto delito de colusión agravada, por el cual la Fiscalía sostiene que existieron irregularidades durante la concesión del Gasoducto Sur Peruano a la constructora Odebrecht.
El caso continuará por colusión agravada
La acusación fiscal, elaborada por la fiscal Geovana Mori Gómez, sostiene que durante el gobierno de Ollanta Humala se habría conformado una organización criminal destinada a favorecer a Odebrecht en la adjudicación del proyecto del Gasoducto Sur Peruano.
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Según la hipótesis del Ministerio Público, dicha organización habría operado entre 2011 y diciembre de 2015 con la participación del expresidente, su esposa y diversos funcionarios del Ejecutivo. Por estos hechos, la Fiscalía solicitó penas de hasta 35 años de prisión, por los delitos de organización criminal y colusión agravada.
Sin embargo, durante la etapa de control de acusación, el magistrado ya había advertido en mayo pasado que la acusación presentaba diversos vacíos que debían ser subsanados. Ahora, tras excluir el delito de organización criminal, el juez convocó para el próximo 6 de julio una nueva audiencia para evaluar la acusación por colusión agravada y otros aspectos procesales.
¿Por qué se archivó el delito de organización criminal?
La decisión judicial se basa en el principio de retroactividad benigna o aplicación de la ley penal más favorable al procesado.
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Durante la audiencia, la defensa del exministro Luis Miguel Castilla solicitó que el juez analizara cuál de las normas aprobadas desde el inicio de los hechos investigados resultaba más beneficiosa para los acusados.
El magistrado evaluó diversas modificaciones legislativas sobre el delito de organización criminal, entre ellas el Decreto Legislativo 1244, el Decreto Legislativo 1611, la Ley N.° 32108 y la Ley N.° 32138. En tal sentido, determinó que la Ley N.° 32108, vigente entre agosto y octubre de 2024, era la más favorable para los investigados.
La definición legal fue determinante
La Ley N.° 32108 modificó la definición de organización criminal y estableció que esta debía estar orientada a cometer delitos graves sancionados con penas privativas de libertad mayores de seis años. Ese detalle fue determinante para la resolución judicial.
El juez concluyó que el delito de colusión agravada, considerado el delito base de la acusación, tiene una pena mínima de seis años de prisión, pero no una pena mayor a seis años. En consecuencia, los hechos imputados por la Fiscalía ya no encajarían dentro de la definición de organización criminal prevista por esa norma.
Posteriormente, la Ley N.° 32138 modificó nuevamente esa definición y redujo el umbral a delitos con penas iguales o mayores a cinco años. Sin embargo, el magistrado consideró que esa modificación resultaba menos favorable para los procesados, por lo que no correspondía aplicarla.
Investigación seguirá en etapa de control de acusación
La resolución judicial únicamente archiva la acusación por el delito de organización criminal, pero no implica el cierre definitivo del proceso penal.
El juez deberá pronunciarse en los próximos días sobre la acusación por colusión agravada, luego de analizar las observaciones formuladas previamente al requerimiento fiscal.
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