La iniciativa presentada por el diputado José Isidro Baella, de Renovación Popular, propone modificar siete artículos del Código Penal y endurecer las sanciones frente a delitos considerados de especial gravedad.
Un nuevo proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados plantea ampliar la aplicación de la cadena perpetua para delitos de sicariato, violación sexual, extorsión contra el transporte público y determinados casos graves de colusión.
La iniciativa legislativa N.° 00046-2026-2031/CD es impulsada por el diputado José Isidro Baella Malca, integrante de la bancada de Renovación Popular. Su objetivo es modificar los artículos 108-C, 108-D, 171, 172, 174, el numeral 200.9 del artículo 200 y el artículo 384 del Código Penal.
Cadena perpetua para el sicariato
Uno de los principales cambios recae sobre el delito de sicariato. La propuesta establece cadena perpetua para quien mate a otra persona por orden, encargo o acuerdo con el propósito de obtener un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza.
La misma sanción alcanzaría a quien ordene, encargue o acuerde el sicariato, así como a quien actúe como intermediario. Actualmente, según la exposición de motivos del proyecto, el tipo base contempla una pena privativa de libertad no menor de 30 años.
En el caso de la conspiración u ofrecimiento para cometer sicariato, la iniciativa propone una pena no menor de 25 años. Esta se elevaría a cadena perpetua cuando se involucre a un menor de edad u otra persona inimputable o cuando las acciones se realicen desde el interior de un establecimiento penitenciario.
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El proyecto sustenta este endurecimiento, entre otros elementos, en la participación de adolescentes en este tipo de delitos. La exposición de motivos recoge que en mayo de 2025 la Policía informó que el 50% de los detenidos por sicariato eran adolescentes de aproximadamente 15 a 17 años, principalmente en el Callao y el norte del país.
Violación sexual también recibiría máxima pena
La propuesta plantea además imponer cadena perpetua en los delitos contemplados en los artículos 171, 172 y 174 del Código Penal.
Estos comprenden la violación de una persona puesta en estado de inconsciencia o imposibilitada de resistir; la violación de una persona incapaz de brindar libre consentimiento; y la violación cometida aprovechando una situación de dependencia, autoridad o vigilancia.
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Como parte de la evidencia citada por la iniciativa, se señala que durante el primer trimestre de 2025 se registraron 4,648 denuncias por violencia sexual contra menores de edad a nivel nacional.
Extorsión contra transporte público
Otro de los cambios apunta directamente a la ola de extorsiones que afecta al transporte público. El proyecto incorpora un nuevo supuesto dentro del artículo 200 del Código Penal para aplicar cadena perpetua cuando la extorsión se cometa contra propietarios, representantes, administradores, conductores, cobradores o trabajadores vinculados al servicio de transporte público y, mediante armas de fuego, explosivos o artefactos incendiarios, se cause la muerte, lesiones graves o la destrucción o incendio de un vehículo de transporte público.
La exposición de motivos precisa que la cadena perpetua ya existe para determinados supuestos extremos de extorsión y que la iniciativa busca incorporar específicamente esta nueva circunstancia agravante vinculada al transporte público.
Para sustentar la modificación, el proyecto recoge cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público: entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se identificaron 214 atentados con víctimas vinculados a presuntos actos de extorsión contra el transporte público en Lima Metropolitana y Callao. Estos hechos dejaron 283 personas afectadas, de las cuales 152 fallecieron y 131 resultaron lesionadas.
Además, entre enero y junio de 2026 el Ministerio Público registró 12,634 denuncias por extorsión y chantaje, de las cuales 11,946 correspondieron específicamente a extorsión. Esto equivale a alrededor de 70 denuncias por día.
Endurecimiento de penas por colusión
La iniciativa también propone modificar el artículo 384 del Código Penal referido a la colusión. Según el texto, el funcionario o servidor público que defraude patrimonialmente al Estado mediante concertación con interesados sería sancionado con una pena de 18 a 30 años de prisión, además de inhabilitación y días-multa.
La cadena perpetua se aplicaría cuando la conducta se produzca, entre otros supuestos, con participación de una organización criminal; afecte programas asistenciales, de inclusión social o desarrollo; se aproveche de una calamidad pública o emergencia; involucre adquisiciones para las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional; o comprometa la defensa, seguridad pública o soberanía nacional.
El proyecto señala que durante 2025 las fiscalías especializadas consiguieron condenas contra 1,994 personas por delitos contra la administración pública, entre ellas 891 funcionarios y 597 servidores públicos. Las reparaciones civiles superaron los S/83,4 millones, mientras que la colusión agravada acumuló 117 condenas.
Buscan una respuesta penal más severa
En su exposición de motivos, los autores sostienen que el sicariato, la extorsión contra el transporte público, la violencia sexual y la corrupción tienen naturalezas distintas, pero poseen una elevada capacidad de generar daños individuales, sociales e institucionales.
La propuesta argumenta que el endurecimiento de las penas busca incrementar el efecto preventivo y disuasorio de la legislación penal y reforzar la protección de la vida, la libertad sexual, la seguridad ciudadana, el patrimonio estatal y el correcto funcionamiento de la administración pública.
De aprobarse la iniciativa, las entidades involucradas deberán adoptar las medidas correspondientes dentro de sus competencias y de la disponibilidad presupuestal, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
