La Primera Sala Penal de Apelaciones de Cusco confirmó la responsabilidad civil del expresidente del Congreso en el proceso seguido por la empresa Transportes Waynapicchu.
El expresidente del Congreso Alejandro Soto deberá pagar una reparación civil superior a los 300 mil soles en el proceso seguido en su contra por presunta estafa en agravio de la empresa Transportes Waynapicchu.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de Cusco confirmó la responsabilidad civil del exparlamentario, pese a que la acción penal del caso quedó prescrita tras la aplicación de la Ley 31751, conocida públicamente como la denominada “Ley Soto”.
Fiscalía pidió más de ocho años de prisión
La investigación comprendió diversos hechos ocurridos en 2012. Entre ellos, el cobro de S/11.111 por un servicio para modificar los estatutos de la empresa que, según el proceso, no habría sido entregado.
Otro de los principales hechos investigados estuvo relacionado con la compraventa de un terreno. De acuerdo con la acusación, Transportes Waynapicchu pagó 265 mil dólares por un predio que Soto había adquirido meses antes por 5 mil dólares. Además, se cuestionó que el área consignada en el contrato fuera superior a la dimensión real del terreno.
En primera instancia, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco ordenó el pago de S/20 mil por el primer hecho y una reparación vinculada a la cuestionada compraventa del predio.
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La ‘Ley Soto’ evitó una condena penal
La Fiscalía llegó a solicitar más de ocho años de prisión contra Soto por dos de los hechos investigados. Sin embargo, la acción penal prescribió debido a los cambios introducidos por la Ley 31751, aprobada por el Congreso con el voto favorable del propio exparlamentario.
Antes de la modificación, el delito de estafa podía prescribir en un plazo de hasta 18 años. Con la reforma, el plazo se redujo a 10 años, por lo que los hechos ocurridos en 2012 quedaron prescritos en 2022. Sin embargo, la prescripción de la acción penal no impidió que se estableciera una reparación civil.
Caso llegará a la Corte Suprema
En mayo de este año, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Cusco modificó el monto correspondiente al caso de la compraventa del terreno y lo fijó en S/287.271, suma que deberá ser cancelada solidariamente con Mario Justo Sequeiros Fajardo.
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A ello se suma la reparación de S/20 mil por el primer hecho, superando los S/300 mil. La defensa de Alejandro Soto presentó un recurso de casación, admitido a trámite en julio, por lo que el caso será evaluado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
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