El exdirector general de Formalización Minera advirtió que ampliar los plazos no será suficiente si no se resuelven problemas como el acceso a concesiones, los contratos de explotación y el financiamiento.
La propuesta de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), impulsada por el Ejecutivo, ha generado cuestionamientos sobre su capacidad para resolver los problemas estructurales de la formalización minera en el Perú. Máximo Gallo, exdirector general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), advirtió que los lineamientos presentados hasta el momento dejarían pendientes aspectos fundamentales para que miles de pequeños productores puedan operar legalmente.
En declaraciones a Rumbo Minero Central, el exfuncionario señaló que su evaluación se basa en una presentación de los lineamientos y no en el texto completo de la iniciativa. Sin embargo, consideró que establecer nuevos plazos sin modificar las condiciones que dificultan la formalización podría prolongar los problemas que actualmente enfrenta el sector.
El 92 % de los mineros del REINFO no tiene concesión propia
Uno de los principales obstáculos identificados por Gallo es el acceso a las concesiones mineras. Según las cifras expuestas por el especialista, el 92 % de los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no posee una concesión propia, por lo que depende de acuerdos con los titulares de los derechos mineros para desarrollar sus actividades legalmente.
Esta situación representa una barrera importante, debido a que los pequeños productores necesitan contar con un contrato de explotación u otro título habilitante para avanzar en su formalización. Sin estos acuerdos, cumplir los demás requisitos administrativos no garantiza que puedan incorporarse a la actividad minera formal.
Frente a este escenario, Gallo propuso revisar el régimen de concesiones, especialmente aquellas pertenecientes a pequeños titulares que permanecen durante varios años sin registrar producción. Entre sus planteamientos figura establecer un límite de cinco años de inactividad para determinados titulares, tras el cual el Estado podría recuperar las concesiones conforme a un nuevo marco legal y facilitar su acceso a productores que buscan formalizarse.
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Asimismo, sostuvo que existen alrededor de 6.000 concesiones extinguidas y aproximadamente 4.500 mineros que podrían beneficiarse de mecanismos que permitan acceder legalmente a esas áreas. Estas cifras corresponden a estimaciones presentadas por el exfuncionario.
Proponen reducir impuestos y facilitar el acceso al sistema financiero
Otro aspecto cuestionado es la falta de medidas específicas para reducir los costos de la formalización. Gallo planteó implementar un régimen tributario simplificado con una tasa única del 5 % sobre la facturación, además de establecer condiciones laborales adaptadas a las características de la pequeña minería y minería artesanal.
El objetivo de estas propuestas sería facilitar que los productores cumplan sus obligaciones tributarias y laborales sin enfrentar procedimientos excesivamente complejos.
En materia financiera, el especialista también destacó la necesidad de facilitar la apertura de cuentas bancarias mediante el Banco de la Nación. Esto permitiría que los pequeños mineros realicen operaciones dentro del sistema financiero formal y mejoren la trazabilidad de sus transacciones.
Además, consideró necesario establecer mecanismos que faciliten los contratos de explotación y garanticen el pago de regalías a los titulares de concesiones, con el propósito de incentivar acuerdos entre ambas partes.
Seguridad y medio ambiente: los otros desafíos de la Ley MAPE
La propuesta de formalización también debería incorporar mecanismos que permitan mejorar las condiciones ambientales y de seguridad en las operaciones mineras, según Gallo.
En ese sentido, planteó mantener el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), así como crear un fondo destinado a financiar acciones de remediación ambiental y cierre de minas.
Dicho fondo podría financiarse mediante aportes de los propios pequeños productores. Adicionalmente, propuso implementar un seguro obligatorio de seguridad y salud ocupacional, denominado por el especialista como un SOAT minero, para atender contingencias vinculadas con la actividad extractiva.
Gallo también consideró fundamental incorporar a las plantas de procesamiento de minerales en el proceso de formalización, debido a su participación en la cadena productiva y comercial.
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¿Qué plantea la nueva Ley MAPE y qué pasará con el REINFO?
La iniciativa del Ejecutivo contempla establecer un nuevo marco regulatorio para la pequeña minería y minería artesanal, con un régimen ordinario permanente y otro de consolidación dirigido a los productores que continúan en proceso de formalización.
De acuerdo con los lineamientos difundidos, el régimen de consolidación comenzaría el 1 de enero de 2027 y concluiría el 31 de diciembre de 2028. Este mecanismo permitiría que los mineros inscritos en el REINFO que cumplan las condiciones establecidas puedan completar los requisitos pendientes para incorporarse al régimen formal.
El Ministerio de Energía y Minas ha señalado que la propuesta busca facilitar la formalización de aproximadamente 31.563 pequeños mineros y mineros artesanales. No obstante, estas disposiciones todavía corresponden a una iniciativa normativa y no a un régimen definitivamente aprobado.
En este contexto, Gallo exhortó al Congreso a evaluar técnicamente la nueva Ley MAPE y priorizar soluciones a los problemas que han impedido avanzar en la formalización minera durante los últimos años.
El debate se concentra ahora en determinar si la nueva legislación permitirá superar las barreras de acceso a concesiones, financiamiento y cumplimiento de obligaciones, o si terminará manteniendo a miles de productores dentro de un sistema transitorio sin una solución definitiva.
