La economista senior del IPE también abordó la polémica de PetroPerú, la reorganización de la ANA, entre otros temas del sector.
El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300 beneficiaría a un grupo reducido de trabajadores y podría generar mayores obstáculos para la formalización laboral, advirtió Stephanie Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Maita cuestionó que el aumento haya respondido a criterios técnicos y sostuvo que, dadas las condiciones actuales de la economía y del mercado laboral, no correspondía realizar un nuevo ajuste de la remuneración mínima.
“El aumento a 1300 soles ha sido una medida que responde en realidad a factores políticos más que técnicos”, afirmó.
La economista estimó que la medida beneficiaría únicamente al 2% de la población económicamente activa que trabaja, equivalente a unos 250 mil o 260 mil trabajadores. En contraste, advirtió que el mayor costo laboral podría dificultar la contratación formal, especialmente en las empresas de menor tamaño.
“Entonces, sí, beneficia un grupo muy pequeño de personas y por el contrario impone trabas a la formalización, a una población mucho mayor”, sostuvo.
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Maita recordó que la informalidad en el país alcanza alrededor del 70% y concluyó que “en neto el perjuicio que genera es potencialmente mayor en comparación al beneficio”.
Poco impacto sobre la canasta básica
Frente a la posibilidad de que el incremento de la RMV genere un aumento significativo de los precios de los alimentos y otros productos de la canasta básica, Maita consideró que el impacto inflacionario sería limitado debido al reducido número de trabajadores directamente beneficiados.
“Beneficia a un grupo muy pequeño de personas. Entonces, para que haya un efecto, digamos, inflacionario de gran escala, el incremento tendría que ser mucho mayor y tendría que llegar a una cantidad más significativa de personas”, explicó.
La economista diferenció así el impacto sobre los trabajadores que reciben directamente el aumento de un eventual efecto generalizado sobre los precios, al considerar que el alcance de la medida es reducido.
También cuestionó el alcance del bono compensatorio anunciado para las empresas, debido a que el aumento de la RMV representa un costo permanente, mientras que el bono tendría carácter temporal.
“Estamos hablando de un alza con un costo permanente de aquí hasta que se vuelva a ajustar probablemente”, señaló.
Polémica en Petroperú
Maita también se refirió a la situación de Petroperú y a la polémica por los cambios salariales y bonos revelados en un reportaje de Cuarto Poder.
La economista calificó como “bastante deficiente” la gestión del gobierno corporativo de la empresa estatal durante los últimos años y señaló que la situación se habría agravado desde la pandemia.
Sobre los cambios salariales, Maita consideró fundamental que exista transparencia respecto a las escalas y criterios utilizados dentro de la empresa.
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“Lo concreto en todo caso sería, primero que sea un proceso transparente que nos permita a todos los peruanos, porque la la empresa es una empresa pública, conocer cuáles son esos criterios, cuáles son esas escalas salariales”, afirmó.
La economista cuestionó además que el Estado continúe destinando recursos a Petroperú. “Recordemos que el estado ya ha dado más de 36 000 millones de soles en rescates financieros para que continúe operando en aportes, ya sea mediante garantías o inyecciones directas de capital”, señaló.
Frente a la posibilidad de que el Estado continúe inyectando dinero a la compañía, fue tajante: “No, lamentablemente han sido decisiones erróneas, bastante políticas que carecían de sustento técnico realmente”.
Como alternativa, planteó avanzar en la reorganización de la deuda, fortalecer los ingresos propios de la empresa y garantizar la operación de la Refinería de Talara.
“Una refinería que nos ha costado millones, que tiene también sobrecostos importantes y que actualmente opera cerca de un 25% por debajo de su capacidad”, explicó.
Maita también mencionó como alternativa la incorporación de participación privada minoritaria en Petroperú, una estrategia que, según explicó, ha sido aplicada en otros países de la región.
ANA y los obstáculos para la inversión
Sobre la anunciada reorganización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Maita consideró positivo que se plantee una reforma de la entidad, aunque precisó que sus efectos no deberían limitarse al sector minero.
La economista sostuvo que la ANA se ha convertido en un cuello de botella para el desarrollo de proyectos de inversión de distintos sectores debido a las demoras en la emisión de opiniones técnicas requeridas para la aprobación de estudios ambientales.
“Lamentablemente la ANA, como te comento, demora bastante en emitir opiniones técnicas, lo que finalmente demora también en la aprobación de los estudios ambientales”, explicó.
Para Maita, estas demoras generan incertidumbre y sobrecostos y terminan afectando la llegada de nuevas inversiones.
“Más inversión dinamiza la economía, genera nuevos empleos, ¿no? Independientemente del sector en el que se realice”, sostuvo.
Reforma tributaria y exoneraciones
Finalmente, Maita respaldó la simplificación de los regímenes tributarios y consideró necesario avanzar en una reforma estructural para reducir la evasión y promover la formalización.
“Es una medida necesaria y una de las reformas eh estructurales que necesitamos como país desde hace varias varios años o varias décadas, por lo menos”, afirmó.
La economista señaló que el sistema tributario peruano es complejo y que no genera suficientes incentivos para formalizarse ni para declarar correctamente los impuestos.
Sobre las exoneraciones tributarias, Maita sostuvo que también deben ser evaluadas, especialmente aquellas que no han demostrado beneficios concretos para la población. Mencionó la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Según explicó, no existe suficiente claridad sobre el beneficio concreto que estas exoneraciones han generado para la población de esa región.
Maita planteó así la necesidad de que las decisiones económicas del país se sustenten en criterios técnicos y en una evaluación de sus efectos de mediano y largo plazo.
