El diputado de la Renovación Popular, Aldo Bravo Quispe, solicitó a la Contraloría General iniciar acciones de control sobre el otorgamiento de aproximadamente S/624 mil para financiar la defensa y asesoría legal del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas.
Mediante dos oficios fechados el 3 de agosto de 2026, el parlamentario pidió esclarecer los criterios jurídicos, técnicos y económicos utilizados para aprobar este beneficio, relacionado con actuaciones desarrolladas durante las Elecciones Generales de 2026.
Según el Acta de Admisión N.° 08-2026-FUNC-ONPE, el 22 de julio de 2026 se concretó el procedimiento administrativo para el pago de S/524 mil, monto que se suma a un desembolso previo de S/100 mil, efectuado en abril de este año, para financiar la defensa legal de Corvetto.
De esta manera, los recursos públicos destinados a la asesoría y defensa legal del exjefe de la ONPE alcanzarían los S/624 mil. Bravo reconoció que la legislación permite que servidores y exservidores públicos accedan al beneficio de defensa y asesoría legal cuando cumplen los requisitos establecidos. Sin embargo, consideró que la magnitud del monto amerita un “especial escrutinio” por parte del Sistema Nacional de Control.
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El diputado sostuvo que la cifra resultaría, a primera vista, significativamente superior a los honorarios que suelen observarse en el mercado de servicios jurídicos, incluso en estudios de abogados de reconocido prestigio y alta especialización.
Solicita información detallada a la ONPE
En otro oficio dirigido al jefe interino de la ONPE, Bernardo Juan Pachas Serrano, el parlamentario requirió información sobre el presupuesto total destinado a la contratación de servicios de defensa legal para funcionarios y exfuncionarios.
El pedido comprende el presupuesto asignado, comprometido, devengado y ejecutado, así como la fuente de financiamiento y la partida presupuestal utilizada.
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También solicitó la relación completa de los funcionarios y exfuncionarios que hayan recibido este beneficio, indicando el cargo que desempeñaron, la fecha de aprobación, el monto autorizado, el dinero ejecutado y el estado actual del proceso de contratación.
En el caso específico de Piero Corvetto, Bravo pidió conocer la justificación jurídica, técnica y económica que sustentó la aprobación del beneficio y la determinación del monto otorgado.
Asimismo, requirió información sobre el número de abogados contratados, sus especialidades, las etapas procesales comprendidas, las horas de trabajo estimadas, las actuaciones requeridas, los criterios empleados para establecer los honorarios y las cotizaciones o estudios de mercado realizados.
La solicitud busca que la Contraloría determine si el procedimiento y los recursos comprometidos se ajustaron a las normas que regulan el uso de fondos públicos y el otorgamiento de defensa legal a funcionarios y exfuncionarios.
