La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno utilizará las herramientas contempladas en la Constitución para recuperar los territorios donde la minería ilegal, el narcotráfico y otras organizaciones criminales hayan desplazado la presencia y autoridad del Estado.
Durante su mensaje ante el Congreso, la mandataria indicó que, en las zonas declaradas en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional.
Inteligencia contra las mafias y sus financistas
La estrategia anunciada contempla el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia para desarticular a las organizaciones nacionales e internacionales que financian y sostienen la minería ilegal.
Las acciones no se concentrarán únicamente en quienes ejecutan directamente esta actividad, sino también en la identificación y persecución de sus cabecillas, financistas y estructuras económicas. El Gobierno buscará así afectar los recursos que permiten el funcionamiento y expansión de estas redes criminales.
También se modernizarán las capacidades de la Policía Nacional mediante sistemas de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito, herramientas modernas de comunicación y centros de comando.
No se anunció un plan exclusivo para el sector
Si bien la presidenta mencionó expresamente a la minería ilegal, su discurso no presentó una política integral o exclusiva para enfrentar esta problemática. Las medidas fueron anunciadas como parte de una estrategia general contra el crimen organizado, que también comprende el narcotráfico, la extorsión y el sicariato.
El mensaje tampoco detalló acciones relacionadas con la formalización minera, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), la trazabilidad del oro, el control de insumos químicos, la destrucción de maquinaria o la ejecución de operativos permanentes de interdicción.
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Para implementar las medidas anunciadas, el Ejecutivo emitirá decretos de urgencia, solicitará facultades legislativas al Congreso y coordinará reformas operativas, procesales y penitenciarias con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
