La Contraloría formuló tres observaciones principales.
La Contraloría General de la República identificó una serie de presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión del proyecto del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, que involucran a ProInversión, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
De acuerdo con los resultados de un servicio de control posterior, el organismo de control formuló tres observaciones principales y recomendó el inicio de acciones civiles, administrativas y penales para determinar posibles responsabilidades de funcionarios y servidores públicos involucrados.
ProInversión aprobó contrato pese a falta de acreditación legal
La primera observación señala que ProInversión validó, tramitó y suscribió un contrato de inversión con una empresa cuyos representantes no contaban con el poder que acreditaba su capacidad legal para firmar dicho acuerdo, requisito exigido por la normativa vigente.
Según el informe, pese a esta situación, la entidad continuó con el trámite y remitió el contrato al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su suscripción. Posteriormente, se aprobaron cinco adendas por un monto de inversión de US$ 789,6 millones, lo que permitió que la empresa accediera al beneficio de recuperación anticipada del IGV por S/ 527,7 millones, generando un presunto perjuicio para el Estado.
Cuestionan habilitación portuaria de Chancay
La segunda observación involucra a la Autoridad Portuaria Nacional. La Contraloría indicó que la APN aprobó el expediente técnico y otorgó la habilitación portuaria de la Nueva Etapa 1 del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay en 2021, además de aprobar una segunda modificación en 2024.
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Sin embargo, el informe advierte que el expediente técnico no guardaba concordancia con la certificación ambiental vigente respecto al trazo del túnel y tampoco incorporaba una medida de protección ambiental denominada Sistema de Geotubos.
Asimismo, se señala que durante las inspecciones de avance de obra no se adoptaron acciones oportunas frente a la ejecución del túnel por un trazado distinto al aprobado originalmente, lo que permitió la continuidad de las obras y la posterior operación del puerto sin corregir oportunamente las observaciones detectadas.
MTC habría limitado su capacidad sancionadora
La tercera observación recae sobre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La Contraloría sostiene que la entidad no realizó una evaluación técnica integral de la información obtenida durante las acciones de supervisión ambiental relacionadas con la variación del trazo del túnel, la suspensión del trasvase de arena y el mantenimiento del geotubo.
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Según el informe, esta situación habría restringido el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado al no sustentarse oportunamente el inicio de procedimientos administrativos por presuntos incumplimientos ambientales, afectando la eficacia de la función supervisora.
Contraloría recomienda acciones legales
Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública de la entidad iniciar acciones civiles contra funcionarios vinculados a la primera observación.
Asimismo, exhortó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a evaluar el inicio de acciones penales relacionadas con los hechos descritos en la segunda observación.
También dispuso que la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones adopten medidas para determinar responsabilidades administrativas y fortalecer sus mecanismos de control, supervisión, gestión documental y seguimiento técnico.
Puerto de Chancay bajo escrutinio
El informe se conoce en un contexto en el que el Puerto de Chancay se consolida como una de las obras de infraestructura más importantes del país y una pieza clave para el comercio entre Perú y Asia. No obstante, las observaciones formuladas por la Contraloría abren un nuevo capítulo de revisión sobre los procedimientos administrativos, ambientales y técnicos aplicados durante el desarrollo del megaproyecto.
