La formalización minera puede ser una realidad. En entrevista EXCLUSIVA con Minería 360, el presidente de la Asociación de Mineros Artesanales San Blas de Algamarca (AMASBA), Lucas Moreno Rodríguez, destacó los avances alcanzados por la organización en su proceso de formalización minera en Cajamarca y sostuvo que este camino debe ser entendido por los pequeños productores como una inversión que les permitirá trabajar con mayor seguridad jurídica y sostenibilidad.
“Tomar la formalización no como un gasto, sino como una inversión para el minero”, afirmó y, en ese sentido, explicó que operar dentro de la legalidad permite a los productores comercializar sus minerales en mejores condiciones, acceder a precios más justos y desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad.
El dirigente remarcó que uno de los principales problemas que enfrentan los pequeños mineros en el país es precisamente la dificultad para obtener los contratos de explotación. En el caso de AMASBA, recordó que la organización viene trabajando desde 2007 para alcanzar este objetivo y que, después de casi dos décadas, los resultados comienzan a concretarse.
“Sin el contrato de explotación es totalmente imposible formalizarse”, señaló Moreno, quien explicó que la asociación ha mantenido durante los últimos años un proceso de articulación con Pan American Silver para avanzar en la entrega de estos documentos. Además, precisó que los productores deben cumplir previamente con requisitos vinculados a seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental.
Casi la mitad de los socios ya tiene contrato
Actualmente, AMASBA está conformada por 92 socios, de los cuales más de 43 ya cuentan con contratos de explotación, es decir, cerca de la mitad de los integrantes de la organización.
Moreno señaló que el principal reto para los socios que todavía no han firmado dichos contratos es conseguir la aprobación de sus instrumentos de gestión ambiental. Según explicó, este requisito resulta determinante para continuar con el proceso acordado con la empresa minera.
“IGAFOM aprobado, tienes tu contrato”, indicó al explicar el mecanismo que permitiría que los integrantes restantes continúen avanzando hacia la formalización.
El dirigente sostuvo que el trabajo asociativo ha sido clave para conseguir estos resultados. A su juicio, intentar avanzar de manera individual habría sido mucho más complejo, mientras que contar con una organización que represente a los productores permitió establecer canales de diálogo con la empresa y con diferentes entidades del Estado.
AMASBA, explicó, ha podido articular reuniones con autoridades regionales y nacionales para hacer seguimiento a los procedimientos relacionados con la formalización de sus socios.
Cuestionan demoras en aprobación del IGAFOM
Pese a los avances alcanzados, Moreno alertó que existen dificultades que continúan retrasando el proceso. Una de las principales, afirmó, es la demora en la evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM).
De acuerdo con el dirigente, existen instrumentos presentados desde 2019 que todavía no han sido aprobados. Asimismo, cuestionó que la evaluación de los expedientes se haya centralizado en Lima, debido a que ello habría reducido el acompañamiento directo que anteriormente recibían los pequeños mineros desde las autoridades regionales.
“¿Cómo te vas a poder formalizar si el Estado prácticamente no funciona bien?”, cuestionó Moreno al referirse a los largos tiempos de espera que enfrentan los productores para obtener respuesta sobre sus expedientes.
En esa línea, pidió al Ministerio de Energía y Minas fortalecer el acompañamiento técnico en campo y acelerar las evaluaciones. Recordó que anteriormente las autoridades regionales visitaban directamente las operaciones y podían identificar las observaciones que debían corregirse, un mecanismo que, según sostuvo, facilitaba considerablemente el proceso.
Moreno señaló además que los desplazamientos desde Cajamarca hasta Lima para gestionar reuniones o hacer seguimiento a los expedientes representan costos adicionales para los pequeños productores. Por ello, solicitó una mayor descentralización y simplificación de los procedimientos.
