La transferencia de dos predios estatales al Ministerio de Justicia, suman 2 600 hectáreas y serán destinados a nuevos establecimientos penitenciarios.
La presidenta Keiko Fujimori, encabezó la entrega de dos terrenos estatales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) para la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en Huacho, región Lima, que tendrán capacidad conjunta para albergar a 24 mil internos.
Asimismo, añadió que, tras la entrega de los predios, el reto corresponde al Ministerio de Justicia, que deberá impulsar la construcción de los establecimientos penitenciarios de manera rápida, eficiente y segura. Por su parte, el titular de Justicia, Ernesto Álvarez, precisó, anteriormente, que uno de los establecimientos tendría capacidad para 10 mil internos condenados por delitos graves, mientras que el segundo albergaría a 14 mil reos primarios.
Los terrenos suman una extensión de 2 600 hectáreas. La entrega de los predios contó con la participación del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez; el titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas; y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde. También asistieron el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano, y el titular de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Ángel Manero.
¿Cómo serán los dos nuevos penales en Huacho?
De acuerdo con los anuncios de Álvarez, los establecimientos penitenciarios se construirán con componentes prefabricados que serán trasladados y ensamblados directamente en los terrenos seleccionados. Esta modalidad busca reducir los plazos de ejecución frente a los procedimientos tradicionales para desarrollar infraestructura carcelaria.
Asimismo, explicó que, bajo el régimen habitual de contratación, los trámites para construir un penal podrían tomar hasta cinco años, mientras que mediante un procedimiento abreviado el periodo se reduciría a tres años. Sin embargo, el Ejecutivo busca implementar una vía administrativa más rápida que permita completar los procedimientos en aproximadamente seis meses y ejecutar las obras en un plazo no mayor de un año.
«Obviamente, no tenemos tres años para hacer los trámites para construir un penal. Lo que tenemos que hacer es primero dividir lo que son los trámites, que posiblemente los técnicos ya están encontrando una vía mucho más expeditiva que nos demore seis meses. Y la construcción en sí aspiramos a que no demore más de un año», indicó.
Talleres productivos y resocialización
La propuesta también busca incorporar espacios para la capacitación y el desarrollo de actividades productivas, principalmente para internos que no estén considerados de alta peligrosidad.
Durante la entrega de los terrenos, la presidenta Fujimori señaló que uno de los objetivos será promover la resocialización de quienes hayan cometido delitos menores, mediante el aprendizaje de oficios y la ampliación de los talleres productivos en los establecimientos penitenciarios.
«Estos dos terrenos que se están entregando al Ministerio de Justicia son bastante amplios. Y lo que se busca, además de tener un lugar seguro, es que se puedan activar y construir grandes talleres productivos para la capacitación de los internos, su resocialización, pero además que los productos que ellos fabriquen sirvan a nuestra sociedad», agregó.
En esa línea, Álvarez mencionó como referencia la granja Santana de El Salvador, que cuenta con actividades de crianza de animales, producción agrícola y fabricación de mobiliario escolar. El ministro planteó que los establecimientos destinados a reos primarios puedan incorporar maquinaria y espacios de trabajo para fortalecer la formación laboral durante el cumplimiento de sus condenas.
Gobierno toma como referencia el modelo penitenciario de El Salvador
La construcción de los dos penales se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para combatir la extorsión, el sicariato y otras formas de criminalidad organizada. La propuesta tomó relevancia luego de la visita de la presidenta Fujimori a El Salvador, donde la delegación peruana conoció el funcionamiento de su sistema penitenciario y algunas de las medidas implementadas por el Gobierno de Nayib Bukele.
Álvarez mencionó como referencia el proceso aplicado en ese país antes de la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que incluyó el incremento de penas por tenencia ilegal de armas y la selección de jueces, fiscales y policías especializados en combatir a las pandillas, la extorsión y los asesinatos por encargo.
En el Perú, el ministro informó que el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia iniciaron una experiencia de trabajo conjunto en Trujillo, con participación de la Defensoría Pública. El Ejecutivo proyecta replicar este esquema en Lima, dentro de la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte.
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