El Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima (CIP Lima), encabezado por el decano Edwin Chavarry, presentó una Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad 2026-2036, propuesta que busca articular capacidades técnicas y políticas públicas mediante nueve ejes estratégicos.
El documento sostiene que no se trata de nueve agendas independientes, sino de una estrategia nacional articulada, en la que temas como gestión de proyectos, infraestructura, información territorial, recursos naturales, talento profesional y transformación digital se relacionan entre sí. Además, la propuesta plantea acciones concretas para los primeros 100 días, con el objetivo de generar resultados medibles desde el inicio de una nueva gestión.
1. Gobernabilidad, ética e ingeniería para la gestión del Estado
La propuesta considera necesario mejorar la información disponible para la toma de decisiones, la planificación territorial, la gestión de proyectos, la interoperabilidad institucional, la ética pública y la medición de resultados.
Entre sus objetivos se encuentran incorporar la georreferenciación obligatoria en proyectos de inversión pública, establecer trazabilidad digital durante el ciclo de inversión, definir estándares mínimos de interoperabilidad entre entidades públicas, fortalecer las oficinas de gestión de proyectos y utilizar tableros de control con indicadores y alertas tempranas.
Para los primeros 100 días se plantea, entre otras medidas, instalar una mesa técnica CIP Lima-Estado, identificar proyectos críticos de inversión pública, proponer un estándar de georreferenciación y elaborar una agenda de interoperabilidad pública.
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2. Planificación nacional, ordenamiento territorial y ciudades sostenibles
El segundo eje aborda la planificación del territorio desde una perspectiva multisectorial, incorporando ingeniería de minas, forestal, agrícola y civil, entre otras especialidades. El diagnóstico advierte una brecha entre la planificación, la ocupación del territorio y la inversión pública, además de problemas de fragmentación institucional, superposición normativa e informalidad en el uso del suelo.
La propuesta plantea consolidar una Política Nacional de Ordenamiento Territorial e Inteligencia Territorial, fortalecer la planificación como herramienta vinculante para orientar inversión pública y privada y avanzar hacia un catastro multipropósito.
Entre las acciones para los primeros 100 días figuran crear una comisión técnica multisectorial, elaborar un inventario de plataformas y bases de datos territoriales, identificar territorios críticos por riesgo, conflictividad, estrés hídrico, deforestación o actividad extractiva e iniciar el diseño del Catastro Multipropósito Nacional. También se plantea seleccionar infraestructura pública para pilotos de BIM 7D y gestión de activos.
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3. Industrialización, innovación y desarrollo productivo
El tercer eje señala que la industrialización no debe entenderse únicamente como construcción de plantas o incremento de producción, sino como la capacidad de transformar materias primas, diseñar nuevos productos, incorporar tecnología, elevar la productividad y formar talento especializado. El diagnóstico sostiene que el reto industrial del Perú pasa por aumentar el contenido nacional de la manufactura, elevar la productividad y desarrollar cadenas con mayor valor agregado.
Entre los objetivos se encuentran cerrar brechas de calidad, digitalización y formalización; elevar la productividad empresarial; impulsar procesos de transformación productiva; integrar cadenas con mayor seguridad y trazabilidad y aprovechar la logística y el cabotaje.
La hoja de ruta plantea acciones vinculadas a una encuesta de productividad y madurez 4.0, el fortalecimiento de servicios de los CITE, la selección de cadenas productivas piloto y la caracterización de cadenas agroindustriales y minero-metalúrgicas. Asimismo, propone analizar corredores productivos asociados a Chancay y avanzar en medidas relacionadas con transporte marítimo y cabotaje.
4. Gestión del riesgo, resiliencia y seguridad nacional
El cuarto eje propone una visión sistémica e interinstitucional de la gestión del riesgo, bajo un enfoque multiamenaza y multisectorial.
El documento advierte que el Perú se encuentra altamente expuesto a peligros geológicos, geofísicos, hidrometeorológicos, climáticos, tecnológicos y sanitarios, situación agravada por el crecimiento urbano informal, la autoconstrucción y una limitada fiscalización técnica.
Entre los objetivos están incorporar evaluaciones multiamenaza en proyectos de infraestructura, priorizar obras de mitigación, utilizar tecnologías como BIM 7D y gemelos digitales y fortalecer la capacidad técnica de las instituciones.
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Para los primeros 100 días se propone aprobar una cartera prioritaria frente a fenómenos extremos y al escenario sísmico de Lima y Callao, además de realizar evaluaciones rápidas de hospitales, colegios y sistemas de agua y energía en zonas prioritarias. También se plantea crear un tablero público de prevención conectado con sistemas como SIGRID y SINPAD.
5. Agua, recursos naturales y sostenibilidad
El quinto eje considera la seguridad hídrica como una condición fundamental para la gobernabilidad, la seguridad alimentaria, la competitividad y el desarrollo territorial. El diagnóstico identifica una gestión del agua fragmentada entre distintos sectores y niveles de gobierno, lo que dificulta las inversiones en conservación, almacenamiento, riego, saneamiento, prevención de riesgos y desarrollo productivo.
La propuesta busca implementar una gestión integral de cuencas, establecer estándares para infraestructura natural, recuperar ecosistemas, incorporar la gestión del riesgo ambiental e impulsar la valorización y reúso del agua. Entre las primeras acciones se propone priorizar 30 microcuencas críticas, consolidar una línea base nacional, aprobar una cartera inmediata de infraestructura natural y crear un Tablero Nacional de Seguridad Hídrica.
También se plantea iniciar un inventario nacional de amunas, instalar una mesa ejecutiva multisectorial y seleccionar proyectos piloto de eficiencia hídrica y economía circular.
6. Infraestructura estratégica para la competitividad
El sexto eje establece tres prioridades: implementar una PMO Nacional de Infraestructura Estratégica, impulsar el ecosistema productivo, logístico y territorial de Chancay y fortalecer mecanismos de inversión como Obras por Impuestos (OxI).
El diagnóstico reconoce que el Perú dispone de recursos y mecanismos de inversión, pero necesita mejorar su capacidad de gestión, profesionalizar la dirección de proyectos y conservar la memoria técnica dentro del Estado.
La propuesta busca fortalecer la capacidad nacional para dirigir proyectos complejos, elevar la calidad de las inversiones antes de su contratación, articular infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, hídrica, energética y digital y reducir desviaciones de costo, plazo, alcance y calidad.
Entre las acciones de los primeros 100 días se plantea aprobar el diseño de la PMO Nacional, seleccionar una cartera inicial de proyectos, establecer controles de madurez, levantar líneas base de alcance, costo, plazo y riesgos y crear un tablero público de seguimiento. Asimismo, se propone iniciar el Plan Maestro del Ecosistema Chancay-Costa Central y aprobar perfiles mínimos para los directores de proyectos.
7. Seguridad energética y transición energética
El séptimo eje busca responder al crecimiento de la demanda eléctrica, ampliar el acceso en zonas rurales y reducir la vulnerabilidad de la infraestructura energética. El documento señala que la demanda eléctrica peruana ya supera los 8 GW en periodos de máxima exigencia y registra un incremento interanual de 4,27% entre febrero de 2025 y febrero de 2026.
La propuesta plantea institucionalizar una planificación energética integrada, asegurar la expansión coordinada de generación, transmisión, distribución y almacenamiento y fortalecer la resiliencia de ductos, terminales, centrales, líneas y subestaciones.
También propone desarrollar potencia firme, reserva y flexibilidad, modernizar sistemas aislados con soluciones híbridas, incorporar eficiencia energética y digitalizar las redes.
Entre las primeras medidas se encuentra publicar una línea base de seguridad energética, auditar el PNER 2024-2026, revisar técnicamente contingencias de gas, actualizar el inventario de infraestructura crítica y seleccionar pilotos de almacenamiento, microrredes y medición inteligente. Además, se plantea instalar un Observatorio de Seguridad y Transición Energética del CIP Lima.
8. Talento, certificación y desarrollo profesional
El octavo eje plantea una estrategia integral para conocer y fortalecer las capacidades de los profesionales de ingeniería del país. El CIP Lima propone articular un censo institucional, una plataforma especializada de empleabilidad, un observatorio de competencias, programas de desarrollo profesional, mecanismos de evaluación y redes de especialistas.
El documento plantea construir una base actualizada sobre perfiles, trayectorias, especialidades y competencias de más de 125 mil ingenieros colegiados y desagregar la información entre los 19 capítulos profesionales.
Entre las acciones para los primeros 100 días se encuentra confirmar la cifra oficial de colegiados, determinar el número de colegiados y habilitados por capítulo, aprobar una clasificación institucional de perfiles y competencias y diseñar el Censo CIP Lima. También se plantea diseñar una red de especialistas y establecer disposiciones para protección y gobernanza de los datos.
9. Transformación digital, inteligencia artificial y Gobierno Inteligente
El noveno eje sostiene que la transformación digital debe ir más allá de trasladar trámites físicos a plataformas electrónicas. La propuesta plantea rediseñar instituciones mediante arquitectura tecnológica, gobierno de datos, interoperabilidad, infraestructura computacional, ciberseguridad, automatización, inteligencia artificial y talento especializado.
Sus objetivos incluyen elevar la madurez nacional en gestión de datos, implementar arquitecturas interoperables, consolidar una Plataforma Nacional de Inteligencia Artificial, fortalecer infraestructura de almacenamiento y cómputo y aplicar sistemas de gestión de riesgos asociados a IA bajo estándares como la NTP-ISO/IEC 42001.
Para los primeros 100 días se plantea elaborar una línea base de madurez digital, datos, IA y ciberseguridad; inventariar sistemas de inteligencia artificial y automatización; identificar datos críticos; aprobar una arquitectura de referencia y seleccionar una cartera limitada de casos de uso.
Asimismo, se propone aprobar un protocolo para el uso de inteligencia artificial generativa, capacitar a funcionarios de alta dirección y equipos técnicos y establecer criterios para suspender o retirar sistemas que no cumplan los estándares establecidos.
Una estrategia articulada
La hoja de ruta plantea que los nueve ejes funcionen de manera coordinada. La gestión de proyectos, por ejemplo, se vincula con gobernabilidad, industrialización e infraestructura; mientras que la inteligencia territorial se relaciona con ordenamiento territorial, datos e inteligencia artificial.
Asimismo, agua y recursos naturales se conectan con resiliencia e infraestructura; los gemelos digitales y BIM con territorio, infraestructura y transformación tecnológica; y la ciberseguridad con gobernabilidad, energía e infraestructura estratégica.
Según el enfoque planteado por el CIP Lima, las acciones previstas para los primeros 100 días buscan activar mecanismos de coordinación, seleccionar proyectos prioritarios y generar información técnica que permita una implementación progresiva, con seguimiento permanente y resultados medibles.
