El sistema electoral enfrenta una brecha presupuestal de S/ 264.5 millones para la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según la información contenida en el documento sobre el impacto del Proyecto de Ley N.° 14799.
De acuerdo con la presentación, las entidades electorales requieren en conjunto S/ 589.52 millones para garantizar la ejecución del proceso electoral. Sin embargo, el proyecto de ley solo contempla una asignación de S/ 325.02 millones, lo que deja sin financiamiento el 45% de la demanda priorizada.
La mayor brecha corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que requiere S/ 433.21 millones, pero solo recibiría S/ 250 millones. Esto genera un déficit de S/ 183.21 millones, monto que comprometería actividades clave como la producción, ensamblaje y despacho del material electoral, la capacitación, el seguimiento y supervisión de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, así como la compensación a los miembros de mesa.
En el caso del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la demanda priorizada asciende a S/ 103.51 millones, pero el monto asignado sería de S/ 75.02 millones, dejando una brecha de S/ 28.49 millones. Esta falta de recursos impactaría en labores de fiscalización electoral, control y transparencia del proceso, recuento de votos, funcionamiento de los 91 Jurados Electorales Especiales y elecciones en centros poblados.
Por su parte, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) presenta una situación crítica, ya que requiere S/ 52.80 millones, pero no recibiría asignación presupuestal en el proyecto de ley. Esta brecha afectaría tareas vinculadas al padrón electoral, la entrega de DNI para votar, la actualización de información para evitar los llamados “votos golondrinos” y el empadronamiento territorial de los votantes.
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El documento advierte que el déficit presupuestal podría comprometer el cumplimiento oportuno del cronograma electoral y poner en riesgo funciones críticas del sistema electoral.
Aunque la falta de recursos no implica necesariamente la suspensión de las elecciones, sí representa un riesgo operativo para la organización, ejecución, fiscalización y transparencia de los comicios regionales y municipales del 2026.
El sistema electoral sostiene que desde hace ocho meses viene solicitando el presupuesto necesario para atender el proceso electoral. Sin embargo, la atención prevista en el Proyecto de Ley N.° 14799 no cubriría la totalidad de la demanda priorizada remitida por el JNE.
