La ministra de Educación, María Cuadros, presentó este jueves 2 de julio su renuncia irrevocable al cargo que ejercía desde marzo de 2026 en el Gobierno interino del presidente José María Balcázar.
La salida de la funcionaria ocurre en medio de una moción de interpelación impulsada desde el Congreso y denuncias constitucionales relacionadas con decisiones en torno a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
En la carta dirigida al jefe de Estado, Cuadros agradeció la confianza depositada para asumir la conducción del Ministerio de Educación (Minedu) y aseguró que desempeñó sus funciones con «integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público».

Asimismo, extendió un mensaje de agradecimiento a los docentes del país por su labor en la formación de los estudiantes y destacó el trabajo desarrollado durante su permanencia al frente del sector educativo.
Renuncia ocurre en medio del caso Sunedu
La salida de María Cuadros se produce en un contexto marcado por los cuestionamientos del Parlamento debido a la emisión de la Resolución Ministerial N.° 338-2026-MINEDU, norma que motivó la presentación de una moción de interpelación en su contra.
Según el documento, la resolución sería una presunta injerencia del Poder Ejecutivo en la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, al disponer el reemplazo de Vicente Paúl Espinoza Santillán como representante del Ministerio de Educación ante ese organismo.
Los parlamentarios sostuvieron que la medida buscaba alterar la estabilidad institucional de la Sunedu y ponía en riesgo la autonomía del ente encargado de supervisar la calidad de la educación universitaria.
Además, cuestionaron que el Minedu utilizara supuestas figuras jurídicas como los «períodos complementarios», las cuales —según la moción— no existirían dentro del ordenamiento legal vigente. También solicitaron explicaciones sobre la decisión de no considerar informes emitidos de manera previa por la Oficina General de Asesoría Jurídica del ministerio.
Denuncias constitucionales contra la exministra
La situación política de Cuadros se agravó con la presentación de una denuncia constitucional impulsada por la congresista Tania Ramírez, de Fuerza Popular.
El recurso solicita su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años, al considerar que habría vulnerado diversos artículos de la Constitución, así como principios de legalidad y seguridad jurídica.
Según la acusación, la entonces ministra habría favorecido la designación de Policarpio Chauca Valqui como nuevo representante del sector en la Sunedu, pese a que, según la denuncia, esa decisión sería incompatible con sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional.
A ello se suma una segunda denuncia constitucional presentada por el exconsejero regional Luis Caya, quien solicitó que se procese penalmente a la exfuncionaria por los presuntos delitos de abuso de autoridad, colusión y negociación incompatible.
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