El congresista Wilson Quispe Mamani, integrante de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, presentó una moción de orden del día para crear una comisión investigadora multipartidaria que analice los presuntos actos de injerencia, interferencia e irregularidades que habrían afectado la transparencia e integridad de la segunda vuelta electoral de 2026.
La propuesta, presentada el 22 de junio de 2026, busca que el Congreso de la República conforme un grupo especial de trabajo encargado de examinar denuncias e indicios relacionados con el reciente proceso electoral que definió la elección presidencial.
¿Qué investigará la comisión?
Según la moción parlamentaria, la comisión tendría como principal objetivo determinar si existieron hechos que comprometieran la legitimidad del proceso electoral. Entre los aspectos que serían investigados figuran:
- Presunto financiamiento ilícito, irregular o de origen extranjero en la campaña de segunda vuelta.
- Posible participación de gobiernos extranjeros, organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales en actividades de propaganda o desinformación electoral.
- Eventual uso indebido de recursos humanos, logísticos o económicos del Estado en favor de alguna candidatura.
- Posibles vulneraciones o interferencias en los sistemas informáticos electorales y mecanismos de transmisión de resultados.
- Existencia de redes de desinformación o campañas de manipulación de la opinión pública a través de medios digitales y redes sociales.
- Actuación de los organismos electorales, incluyendo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Argumentos de la moción
El documento sostiene que durante el proceso electoral surgieron denuncias, indicios y elementos que justificarían una investigación exhaustiva por parte del Congreso. Asimismo, señala que cualquier acto de interferencia o manipulación electoral constituiría una afectación al principio de soberanía popular reconocido en la Constitución.
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Entre los hechos mencionados figuran presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas, supuestos vínculos entre actores políticos y organizaciones externas, denuncias sobre utilización de recursos públicos y la difusión masiva de información considerada desinformativa a través de plataformas digitales.
Comisión tendría amplias facultades
La propuesta establece que la comisión estaría integrada por siete congresistas y contaría con facultades para:
- Solicitar la comparecencia obligatoria de funcionarios, exfuncionarios y particulares.
- Requerir documentación, expedientes y bases de datos de entidades públicas y privadas.
- Solicitar información a la Fiscalía, Contraloría, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otros organismos competentes.
- Convocar a peritos y especialistas en derecho electoral y sistemas informáticos.
- Realizar inspecciones y verificaciones relacionadas con el proceso electoral.
Además, la comisión podría solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria cuando resulte necesario para las investigaciones, conforme a las facultades previstas en el Reglamento del Congreso.
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Plazo de investigación
La moción plantea un plazo excepcional de 30 días calendario para realizar las indagaciones y presentar un informe final con conclusiones y recomendaciones al Pleno del Congreso.
De aprobarse, la comisión tendría la misión de determinar eventuales responsabilidades y proponer reformas institucionales orientadas a fortalecer las garantías de transparencia e integridad en futuros procesos electorales.
