Daniel Urresti acude a la CIDH y denuncia vulneración de derechos durante su proceso judicial

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Daniel Urresti acude a la CIDH y denuncia vulneración de derechos durante su proceso judicial

El exministro del Interior y excandidato presidencial Daniel Urresti presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se evalúe la presunta responsabilidad internacional del Estado peruano por supuestas vulneraciones a sus derechos fundamentales durante el proceso judicial que derivó en una condena posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional (TC).

La solicitud fue presentada por su equipo legal y busca que el organismo internacional determine si durante el proceso se produjeron afectaciones al debido proceso, al derecho de defensa, al principio de legalidad, a la libertad personal y al derecho a ser juzgado bajo normas previamente establecidas por la ley.

La acción ante la CIDH ocurre meses después de que el Tribunal Constitucional dispusiera la nulidad de la condena impuesta contra Urresti y ordenara su excarcelación. Sin embargo, el exfuncionario sostiene que dicha decisión no resuelve de manera definitiva los cuestionamientos que mantiene sobre el proceso judicial.

Defensa de Urresti recurre a la CIDH

De acuerdo con la petición presentada ante la Comisión Interamericana, la defensa sostiene que el Estado peruano habría incumplido diversas garantías reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos durante la investigación y juzgamiento del exministro.

Urresti afirmó que durante el proceso no se respetaron principios esenciales de un juicio justo y recordó que permaneció cerca de tres años en prisión antes de que el Tribunal Constitucional anulara la sentencia condenatoria.

«Siempre sostuve que no se estaban respetando las reglas básicas de un juicio justo. Permanecí casi tres años en prisión y finalmente el Tribunal Constitucional anuló la condena y ordenó mi libertad», señaló.

¿Qué cuestiona la petición presentada ante el organismo internacional?

Uno de los principales argumentos de la defensa es que la sentencia condenatoria se habría sustentado en una versión de los hechos distinta a la planteada inicialmente por la Fiscalía durante el juicio.

Según el documento, mientras la acusación fiscal atribuía una determinada forma de participación en los hechos investigados, la resolución judicial habría construido una hipótesis diferente para justificar la condena.

Asimismo, la petición sostiene que existían resoluciones judiciales firmes que ya habían establecido aspectos relevantes sobre la forma en que ocurrieron los hechos y la participación de determinadas personas, pero que esos criterios no habrían sido respetados al momento de emitir la sentencia.

Cuestionan aplicación de agravantes y valoración de pruebas

Otro de los puntos observados por la defensa de Urresti es la presunta aplicación retroactiva de la agravante de alevosía, figura que, según el escrito, no formaba parte del marco jurídico vigente al momento de los hechos materia de investigación.

El exministro sostiene que ello vulneraría el principio de legalidad, uno de los pilares fundamentales del derecho penal moderno.

Además, el pedido cuestiona que algunas diligencias ordenadas por la Corte Suprema no se habrían realizado y que diversos testimonios y elementos probatorios favorables a la defensa fueron desestimados o recibieron una valoración insuficiente durante el proceso judicial.

«No estoy pidiendo privilegios, sino reglas justas y que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y la cosa juzgada», afirmó Urresti.

La CIDH evaluará si admite el caso

Tras la presentación de la petición, corresponderá ahora a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizar la documentación remitida por la defensa y determinar si el caso cumple los requisitos para ser admitido dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos.

En caso de ser admitido, la CIDH podría iniciar un proceso de evaluación sobre las presuntas vulneraciones denunciadas y eventualmente emitir recomendaciones al Estado peruano.

Mientras tanto, Urresti insiste en que su objetivo es que se realice un nuevo juicio en el que, según afirma, se respeten plenamente las garantías del debido proceso y las normas aplicables al caso.

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