El pasado 21 de noviembre, se llevó a cabo la mesa de diálogo “Formalización Minera: Propuestas y Reflexiones sobre el Procesamiento y Financiamiento” en la Universidad Privada del Norte, sede Breña. El evento contó con la participación de Dante Vera Miller, economista especializado en riesgo, gobernanza y economías ilegales; Máximo Gallo Quintana, director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). También, se hicieron presentes José Estrada Farfán, abogado minero y exdirector del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y la Dirección General de Formalización Minera (DGFM); y Manuel Calderón Casafrancia, director de Extractiva Consultores.
Financiamiento: la gran barrera para los mineros en proceso de formalización
Dante Vera abrió el intercambio con una pregunta central: ¿Cómo financiar la actividad minera cuando la banca tradicional evita prestar dinero debido al alto riesgo del sector? Según explicó, iniciar labores puede costar entre 15 mil y 200 mil dólares, cifras inalcanzables para la mayoría de mineros que no cuentan con contratos de explotación ni de superficie, los cuales son requisitos indispensables para acceder al crédito.
Vera también distinguió entre minería informal e ilegal. En tal sentido, planteó la necesidad de mecanismos financieros que permitan al minero formalizable acceder a capital sin caer en prestamistas usureros o mafias de financiamiento ilegal.
Procesos estancados: contratos, trámites y una formalización que avanza lento
Por su parte, Máximo Gallo precisó que más del 97% de los mineros inscritos en el Reinfo no son titulares de la concesión, lo que los obliga a pagar regalías para operar. A ello se suma la baja presentación de documentos clave: solo 3% presentó expediente técnico, 4% entregó la declaración del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS) y 7% avanzó en formalización superficial.
Gallo señaló también que la información de los gobiernos regionales es insuficiente. Tan solo 10 de 25 enviaron datos completos y, pese a que el Reinfo existe desde hace más de 10 años, los avances han sido irregulares. Entre 2012 y 2017 se formalizaron apenas 112 mineros, pero en 2017 lograron formalizarse más de 5 mil; luego, la cifra volvió a caer.
Propuestas: asistencia técnica, fondos y una nueva Ley MAPE
Por su parte, Manuel Calderón explicó que desde 2017 se busca activar un fondo minero destinado no a entregar dinero, sino a financiar asistencia técnica a través de profesionales especializados. El objetivo sería mejorar la recuperación del mineral, que en algunos casos podría pasar del 60% al 90%. Este plan incluye 42 servicios distintos para fortalecer la productividad de los mineros.
Además, Gallo impulsó ante el Congreso una nueva propuesta de Ley MAPE basada en 15 puntos clave, entre ellos la posibilidad de que el Banco de la Nación otorgue créditos a pequeña minería y minería artesanal.
Trazabilidad y control territorial
José Estrada subrayó la necesidad de identificar con precisión dónde está cada minero y fortalecer la trazabilidad del oro, considerando regiones críticas como Puno, Apurímac, Cusco, Arequipa y La Libertad. Recordó que una onza de oro vale alrededor de US$ 4 050 dólares, lo que convierte al sector en un foco permanente de economías ilegales si no existe supervisión efectiva.
El contexto político: un Reinfo en debate
El debate ocurre en un clima político marcado por la discusión sobre la ampliación del Reinfo. La Comisión de Energía y Minas aprobó recientemente un dictamen para extenderlo hasta 2027. Sin embargo, pese a que José Jerí, hoy presidente de la República, respaldó dos ampliaciones cuando era congresista, en una reciente entrevista con Beto Ortiz, manifestó su desacuerdo con la versión actual del registro y adelantó que el Ejecutivo presentará un planteamiento propio.
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