La minería debe lograr que sus aportes económicos se reflejen de manera visible en el desarrollo de las comunidades y en una mejor calidad de vida para los ciudadanos, sostuvo Jimena Sologuren, copresidenta del Primer Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), impulsado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, durante una entrevista exclusiva con Minería 360 de MAZ Media TV.
Sologuren señaló que, si bien el Perú mantiene condiciones de confianza a nivel macroeconómico, el desafío pendiente es trasladar esa estabilidad a la vida cotidiana de las personas mediante obras que tengan un impacto directo en sus territorios. “Tenemos que trasladar esa confianza a nivel macro al ciudadano, a nosotros los peruanos, a las personas. Tenemos que trasladar estas cifras a poder generar obras con impacto que nos mejoren la calidad de vida a todos”, manifestó.
Impuestos mineros deben reflejarse en obras
La representante del GES 2026 explicó que muchas empresas mineras operan en zonas alejadas del país donde todavía existen importantes brechas de infraestructura y servicios, situación que vinculó con una prolongada ausencia del Estado.
Frente a este escenario, sostuvo que uno de los objetivos centrales debe ser conseguir que los impuestos generados por las compañías mineras se transformen efectivamente en obras que beneficien a las poblaciones de las zonas de influencia.
“Lo que debemos buscar es que los impuestos que las empresas generamos se conviertan en obras que mejoren la calidad de vida del ciudadano”, afirmó.
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Sologuren precisó que esta transformación no depende únicamente de las empresas, sino también de la capacidad de gestión de las autoridades locales, regionales y provinciales, encargadas de canalizar los recursos públicos hacia proyectos que permitan cerrar brechas.
Empresa, Estado y ciudadanía tienen responsabilidades
En esa línea, destacó que una adecuada gestión social requiere respetar el papel que corresponde a cada uno de los actores involucrados.
“La empresa tiene un rol, el Estado tiene otro rol y el ciudadano tiene un rol importantísimo”, señaló.
Sologuren resaltó especialmente el papel de la ciudadanía, al recordar que los ciudadanos no solo tienen la capacidad de elegir a sus autoridades, sino también de participar en presupuestos participativos y utilizar herramientas de transparencia para supervisar cómo se ejecutan los recursos públicos en sus localidades.
Según explicó, una mayor participación ciudadana permitiría fortalecer la articulación entre inversión privada, recaudación fiscal y gasto público, de modo que los aportes generados por las empresas terminen convirtiéndose en infraestructura y servicios concretos.
Desarrollo que pueda sentirse en las regiones
Para Sologuren, el reto consiste precisamente en cerrar la brecha entre las cifras económicas que muestran el aporte de la minería y la percepción de las comunidades que todavía enfrentan carencias en servicios básicos.
En ese sentido, planteó que los recursos provenientes de las actividades productivas deben terminar materializándose en obras de agua y saneamiento, electricidad, carreteras, hospitales y establecimientos de salud, de forma que el desarrollo pueda ser percibido directamente por la ciudadanía.
El planteamiento forma parte de los temas abordados en el GES 2026, encuentro que pone énfasis en cuatro pilares: confianza, innovación social, sostenibilidad y legado, con el objetivo de promover una gestión territorial más articulada entre empresas, Estado y sociedad.
