Según las grabaciones, Iván Paredes Yataco habría recibido 80 mil soles a cambio de la excarcelación de un exmiembro de la policía.
El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Emilio Paredes Yataco, afronta una investigación fiscal por el presunto delito de tráfico de influencias. Durante la última edición de Cuarto Poder, un reportaje reveló una serie de audios que lo implicarían en la supuesta solicitud de 80 mil soles para lograr la liberación de un expolicía condenado por secuestro agravado.
Promesas y reclamos
Las grabaciones fueron entregadas por Adela Huamancusi, esposa del expolicía Marcos Quispe Riveros, quien cumple una condena de 30 años en el penal de Ayacucho. En los audios, atribuidos a Paredes Yataco, se escucha a un hombre comprometerse a devolver dinero que habría recibido para gestionar la excarcelación de Quispe.
“Le estoy diciendo que le voy a devolver. Me estoy comprometiendo, voy a pedir un préstamo”, se le oye decir al presunto funcionario en una de las conversaciones difundidas. En otro fragmento, Huamancusi le exige un documento que acredite la deuda: “Hágame un documento por los 80 mil que le he entregado”.
El abogado de la denunciante informó que existen al menos 12 grabaciones entregadas a la Fiscalía, en las cuales el funcionario incluso ofrece su reloj, valorizado en 800 dólares, como parte del pago. Según el letrado, se solicitó una pericia fonética forense para verificar la autenticidad de las voces.
Silencio desde el INPE
De acuerdo con la denuncia, Paredes Yataco no ha respondido a las citaciones fiscales ni a las preguntas de la prensa. “El presidente del INPE reconoce a través de esos audios que recibió el dinero y promete devolverlo”, señaló el abogado José Carlos Rivera.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción de Lima analiza los audios como parte de una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias y cohecho.
Un perfil hecho a medida
Paredes Yataco fue nombrado en julio de 2025 a causa del Decreto Supremo N° 009-2025-JUS, emitido durante el Gobierno de Dina Boluarte, que modificó los requisitos mínimos para ocupar cargos de alta responsabilidad en el INPE. La norma permitió su designación pese a no cumplir inicialmente con el perfil técnico.
Su continuidad en el cargo dependerá ahora del presidente José Jerí y del ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, mientras el Ministerio Público avanza en las diligencias del caso.
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