A través de sus canales oficiales en el Congreso, Fuerza Popular solicitó al Gobierno activar un Plan Integral de Emergencia Nacional para enfrentar el crimen organizado y los recientes hechos de violencia en Lima.
Fuerza Popular advirtió que el atentado en el Círculo Militar de Chorrillos muestra que el país atraviesa una grave crisis de seguridad. En tal sentido, denunció que, mientras tanto, «el Gobierno permanece pasivo e indiferente».
Keiko Fujimori también se pronunció en redes sociales sobre el atentado contra Phillip Butters en Puno. Hizo un llamado a reflexionar sobre el hecho: «La violencia no es el camino. Esta campaña debe ser una competencia de ideas, no de agresiones. Perú necesita diálogo y un voto responsable que nos devuelva el rumbo».
Desde la bancada de Fuerza Popular, exigieron medidas urgentes para recuperar el orden interno. Además, solicitaron que el ministro del Interior, Carlos Malaver, comparezca ante el Congreso para rendir cuentas sobre las medidas aún no implementadas.
Un plan de emergencia con siete medidas principales
El comunicado brindado por el partido político, detalló siete medidas para frenar la violencia y el terrorismo urbano. Entre ellas se destaca la reactivación del Comando de Frente Interno (COFI), que busca unificar las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las agencias de inteligencia bajo un solo mando operativo.
También, sugieren que la Policía Nacional cuente con dos líneas de carrera: una para investigación criminal y otra para el orden interno. Además, piden el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas para patrullar las calles y administrar los penales durante 120 días.
Otro punto clave es la reforma del sistema de justicia, para evitar que jueces y fiscales liberen a delincuentes reincidentes o involucrados en terrorismo. También, proponen una emergencia penitenciaria nacional para construir nuevos penales debido a la sobrepoblación.
Revisión del Pacto de San José y reforma legal
Fuerza Popular planteó revisar el Pacto de San José, ya que algunas cláusulas protegen a terroristas y criminales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A su vez, exigen aplicar la Ley 32446 contra el terrorismo urbano, que establece cadena perpetua para quienes cometan atentados, extorsiones o asesinatos. Al final de su comunicado añadieron: «El Perú exige seguridad y acción ahora. Es momento de recuperar el orden, la autoridad y la paz en nuestras calles».
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