La congresista Heidy Juárez, de Podemos Perú, presentó una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. La iniciativa se da tras la aprobación del Decreto de Urgencia 010-2025, norma que dispone la reorganización patrimonial de la empresa estatal Petroperú en uno o más bloques de activos.
De acuerdo con el documento, la ministra es responsabilizada políticamente por lo que los firmantes consideran un “desmantelamiento de activos estratégicos” de Petroperú. Asimismo, señalan que la medida sería un perjuicio económico y social causado al Estado peruano y, en particular, a la región Piura, una de las principales zonas productoras de hidrocarburos del país.
La moción sostiene que el decreto, presentado bajo un supuesto enfoque de optimización, vulnera las rentas de las regiones productoras y pone en riesgo la seguridad energética nacional. Uno de los principales cuestionamientos se basa en la autorización para trasladar 240 millones de soles desde el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), recursos destinados a financiar la reorganización interna de la empresa y medidas vinculadas al personal.
Según el texto, esta decisión sacrifica fondos que, en un inicio, estaban orientados a proyectos como irrigación, electrificación rural, saneamiento básico y conectividad vial. En tal sentido, podría representar una grave desatención a las brechas sociales existentes en el país.
Reorganización patrimonial
La reorganización patrimonial también obliga a Petroperú a transferir 144 millones de soles a ProInversión con el objetivo de gestionar y eventualmente traspasar activos de la empresa estatal. Para los congresistas que apoyan la moción de censura, esta medida reduce el valor patrimonial de Petroperú, compromete su viabilidad operativa a largo plazo y constituye un subsidio orientado a la liquidación de la empresa estratégica más importante del Estado.
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El documento también advierte que la facultad discrecional del decreto para culminar contratos de explotación vigentes podría generar una paralización técnica de pozos en el noroeste peruano. Esta situación, señala la iniciativa, provocaría una caída irreversible en los ingresos de gobiernos locales, regionales y universidades, afectando, en mayor medida, a la región Piura.
Impacto en el sector hidrocarburos
La moción de censura resalta los riesgos para la continuidad de la Nueva Refinería de Talara (NRT), considerada un activo estratégico nacional. La eventual resolución unilateral de contratos de servicios, según el texto, podría afectar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional y el dinamismo económico del norte del país.
Asimismo, se acusa a la ministra Miralles de promover una “tercerización masiva y precaria”, lo que pondría en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores y de pequeñas y medianas empresas vinculadas a la cadena de valor de los hidrocarburos.
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En tal sentido, la iniciativa cuestiona la capacidad técnica de la titular del MEF para diseñar un plan de salvataje que no implique la entrega del patrimonio nacional. A su vez, se menciona que las declaraciones oficiales habrían contribuido al desplome del valor de los bonos soberanos.
Miralles, por su parte, señaló de manera previa que la reestructuración busca salvaguardar los activos del Estado frente a la crisis financiera de Petroperú, cuyas pérdidas acumuladas bordeaban los 300 millones de dólares hasta julio de 2025, equivalente al 53% de su capital social.
