La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron de manera preliminar a tres exfuncionarios durante un operativo anticorrupción ejecutado en varias regiones del Perú.
La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional y el Ministerio Público desplegaron un amplio operativo vinculado al caso “Los Fríos del Hambre”, presunta red criminal que habría favorecido de forma irregular a proveedores del programa Qali Warma. Como parte de la intervención, los agentes detuvieron a tres exfuncionarios y allanaron dieciséis inmuebles en distintas regiones.
Según las investigaciones fiscales, la organización operó entre 2021 y 2024 manipulando procesos en entidades como DIGESA y la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, lo que permitió que empresas sancionadas mantuvieran contratos con el Estado mediante la alteración de procedimientos técnicos y sanitarios.
Las autoridades señalaron que el operativo busca asegurar evidencias clave y evitar la obstrucción del proceso, ya que la presunta red habría obtenido beneficios económicos mediante intermediarios y coordinaciones no registradas formalmente.
Detenidos y medida judicial
Los agentes identificaron a los detenidos preliminares como Luis Alejandro Álvarez Saavedra, Jorge Luis Silva Chuna y Aníbal Manuel Morillo Arqueros, exfuncionarios vinculados a la supervisión y gestión de programas alimentarios estatales. Todos permanecerán bajo detención por siete días mientras avanzan las diligencias del Ministerio Público.
El Poder Judicial aprobó la medida a solicitud de la fiscalía especializada, que advirtió riesgo de destrucción de pruebas y de interferencia en la investigación.
Allanamientos en tres regiones
El megaoperativo alcanzó viviendas en Lima, La Libertad y Áncash. Entre los inmuebles registrados se encuentra la vivienda de Óscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña.
Sin embargo, los fiscales suspendieron momentáneamente la diligencia en este domicilio porque no ubicaron al investigado en las direcciones que figuran en el sistema judicial.
Modus operandi en evaluación
Las pesquisas indican que la red concertó acciones para manipular vigilancias sanitarias, validar resoluciones técnicas sin cumplir todos los requisitos y favorecer a determinadas empresas proveedoras de alimentos para programas estatales.
El Ministerio Público continúa recolectando declaraciones y analizando la documentación incautada para determinar responsabilidades y definir los siguientes pasos del caso.
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