La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó al Estado peruano a no aprobar el proyecto de ley que amplía las competencias de la jurisdicción militar-policial para investigar y juzgar determinados casos que involucren a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El pronunciamiento fue difundido este 18 de junio por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por Volker Türk.
El pronunciamiento se produce luego de que el Congreso de la República aprobara en primera votación una iniciativa legislativa que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal. El proyecto aún debe pasar por una segunda votación para completar su trámite parlamentario.
¿Qué propone el proyecto aprobado por el Congreso?
La iniciativa legislativa busca precisar el alcance del denominado «delito de función» y fortalecer la competencia de la jurisdicción militar-policial en procesos relacionados con actos realizados por integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional durante el ejercicio de sus funciones. Entre sus principales alcances, plantea que determinados hechos ocurridos durante acciones militares, actos de servicio o estados de emergencia sean conducidos preferentemente por tribunales militares.
Asimismo, propone evitar que una misma conducta sea investigada simultáneamente por la justicia ordinaria y la jurisdicción militar-policial cuando exista coincidencia de hechos y de personas involucradas. El texto también incorpora sanciones más severas para militares y policías que colaboren con organizaciones criminales, incluyendo penas que podrían llegar a la cadena perpetua en determinados casos.
Sin embargo, críticos de la propuesta sostienen que las modificaciones podrían trasladar a la justicia militar investigaciones relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos, un ámbito que históricamente ha sido competencia de la justicia ordinaria.
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ONU pide mantener estos casos en la justicia ordinaria
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Oficina del Alto Comisionado recordó que las presuntas violaciones de derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas por tribunales ordinarios, independientes e imparciales, conforme a los estándares del derecho internacional.
«Las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional», señaló el organismo.
La preocupación de Naciones Unidas radica en que una ampliación de competencias del fuero militar-policial podría afectar las garantías de independencia judicial y el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos cometidos por agentes del Estado.
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Organismos de derechos humanos alertan sobre riesgos de impunidad
Diversas instituciones especializadas en derechos humanos expresaron también su rechazo a la propuesta. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) advirtió que la iniciativa revive mecanismos que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), favorecieron escenarios de impunidad durante el conflicto armado interno.
La entidad sostuvo que la ampliación del concepto de delito de función permitiría que hechos relacionados con presuntas violaciones de derechos humanos sean vistos por tribunales militares, una situación que fue cuestionada en el pasado por organismos nacionales e internacionales.
Por su parte, el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), afirmó que la propuesta contradice precedentes de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordó que desde 2004 existe jurisprudencia que establece que los delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas deben ser conocidos por la justicia ordinaria.
La segunda votación será decisiva
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) también manifestó su preocupación y señaló que la jurisdicción militar tiene un carácter excepcional que no debe extenderse a delitos comunes ni a casos que involucren presuntas afectaciones a derechos fundamentales.
Pese a los cuestionamientos, el proyecto fue aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso. No obstante, para convertirse en ley deberá superar una segunda votación, instancia en la que se definirá si las modificaciones al Código Penal Militar Policial continúan su camino legislativo o son finalmente descartadas.
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