El especialista en prevención de riesgos, Eduardo Alvarado, explica que la «debida diligencia» y la identificación de operaciones inusuales son claves para que los negocios no sean utilizados como «canales» por organizaciones criminales.
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Los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan un riesgo latente y, a menudo, desconocido: ser utilizados como «canales» para el lavado de activos, incluso sin el conocimiento de sus propietarios. Así lo advirtió Eduardo Alvarado, especialista en prevención de riesgos, durante una reciente entrevista.
El experto señaló que las organizaciones criminales buscan activamente negocios que carecen de controles robustos para «lavar» sus ganancias ilícitas. Una de las señales de alerta más evidentes es el uso predominante de dinero en efectivo (cash) en transacciones que no guardan lógica comercial, como un cliente que intenta pagar sumas elevadas en efectivo por bienes o servicios.
La «Debida Diligencia» como principal defensa
La mejor herramienta de protección, según Alvarado, es aplicar una rigurosa «debida diligencia». Este término se traduce en una acción fundamental: «conocer con quién se hacen negocios».
Esto implica implementar formularios de «Conoce a tu Cliente» (KYC), indagar sobre el origen de los fondos en transacciones de gran volumen y, crucialmente, investigar la reputación de socios, proveedores y empleados. «Una simple búsqueda en Google puede revelar denuncias», afirmó.
Identificar operaciones y clientes de riesgo
Es vital que el empresario aprenda a detectar transacciones que «carecen de racionalidad». Una operación inusual debe ser analizada, y si no se encuentra una justificación lógica o legal, se convierte en «sospechosa».
Además, Alvarado destacó la importancia de identificar a las «Personas Expuestas Políticamente» (PEPs). Estos son individuos que, por sus cargos públicos, son considerados de alto riesgo y requieren un «régimen reforzado» de seguimiento para prevenir delitos.
El rol del Oficial de Cumplimiento
Para las empresas que por ley están obligadas, la figura del «Oficial de Cumplimiento» es central. Este profesional, acreditado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, es el responsable de implementar y gestionar el sistema de prevención. Su función es analizar riesgos y reportar operaciones sospechosas a la autoridad, debiendo actuar con total autonomía para proteger la integridad de la empresa.
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Finalmente, el especialista recomendó prácticas esenciales como la bancarización de las operaciones para dejar rastro, implementar sistemas de prevención (incluyendo antisoborno) y acercarse a los reguladores (UIF/SBS) viéndolos como «aliados» para recibir orientación, y así evitar las severas multas por incumplimiento.
