Mesa de trabajo revela graves fallas en SUCAMEC y MINEM que frenan la formalización minera

Al 3 de noviembre de 2025, solo el 4.89% de los IGAFOM han sido aprobados, mientras que 1 473 mineros —pese a estar en proceso de formalización— no presentan aún su expediente, muchos por falta de acompañamiento técnico y otros por desconocimiento real de los requisitos.

La formalización para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en el Perú es un proceso que se lleva a cabo a través del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). En tal sentido, la Comisión de Energía y Minas debate la ampliación del REINFO hasta el 2029 o hasta que entre en vigencia la Ley MAPE.

Sin embargo, durante la mesa de trabajo “Propuestas de solución a problemática de formalización de estrato minero de pequeña escala” del 13 de noviembre, expertos del sector alegaron que existían»trabas» burocráticas que criminalizan al minero. Asimismo, señalaron que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) expone un desafío logístico masivo, lidiando con decenas de miles de expedientes, información de mala calidad y serios problemas para contactar a los propios mineros.

“Cuello de botella” administrativo

Luis Carlos Benavides, ex superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), enfatizó las trabas que impone la burocracia estatal. A pesar de la existencia de una ley de simplificación administrativa, Benavides sostuvo que esta no facilita los procesos para los mineros, calificando los trámites como «supremamente engorrosos».

Benavides identifica un cuello de botella específico: «La traba está en SUCAMEC». A su vez, criticó la solicitud de requisitos redundantes que generan «trastornos administrativos».

«Por ejemplo el certificado de operación minera, lo otorga el Ministerio de Energía y Minas, SUCAMEC lo pide, pero legalizado notarialmente”, afirmó.

MINEM: Deficiencias y propuestas

Maritza Leon Iriarte, Directora de Asuntos Ambientales y Mineros (DEAM) del MINEM, informó que la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental es otro gran reto. Debido a la gran cantidad de expedientes recibidos, muchos tienen «contenidos incompletos» o con «bastante deficiencia en cuanto a las medidas de manejo ambiental».

Para enfrentar esto, Leon Iriarte anunció que el Ejecutivo propuso una modificación al Decreto Supremo 038. El objetivo es «agilizar la evaluación» a través de una figura innovadora: la «evaluación agrupada de oficio».

Esta medida permitiría al MINEM agrupar y evaluar expedientes de manera conjunta por decisión propia,de oficio, dándoles un respaldo legal para acelerar los plazos. Leon Iriarte destacó que esta es una facultad que «no existe en ninguna otra norma ambiental en el país».

Sin embargo, la directora destacó que «hay un grueso de mineros que de repente no van a poder llegar a formalizarse por diferentes aspectos». Entre los motivos, resaltó la falta de concesión, de contratos o del permiso de uso de terreno superficial. Ante esto, afirmó que «el Estado les tiene que ofrecer una alternativa» , explorando opciones como las Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAPs).

Criminalización en lugar de educación

Este entorno, sea por burocracia excesiva o por problemas de gestión de datos, genera una consecuencia directa: la estigmatización del sector. Benavides advierte que «se viene criminalizando a la pequeña minería, a la minería artesanal» , tratándolos «como si todos fueran pues casi delincuentes». Esto, a su vez, genera que los mineros no puedan «bancarizar su economía».

Esta visión es compartida desde el sector privado. Jimmy Pflucker Pinillos, dueño principal de la minera Paltarumi, criticó el enfoque punitivo del Estado. Desde su perspectiva, sostiene que debería haber «más gente en el campo, instruyendo, ayudando y haciendo que el minero, antes que lo criminalicen por cometer un error, lo eduquen en el tema ambiental».

Evaluación legal especializada tras la mesa de trabajo

Para profundizar en las implicaciones legales de estas barreras administrativas, la redundancia de trámites en SUCAMEC y el desafío logístico y de notificación que enfrenta el MINEM, Johnny Marzano, abogado consultor en formalización minera y regulación de explosivos, analiza la situación:

A pesar de que es correcto reconocer —como lo ha señalado el propio MINEM— que la carga administrativa de expedientes es enorme, este problema no puede ni debe trasladarse al minero artesanal ni a la pequeña minería, quienes ya enfrentan suficientes dificultades operativas y económicas para sostener su actividad.

Un ejemplo claro es el procedimiento de Opinión Técnica Sectorial (OTS), que es la autorización mediante la cual la DGFM aprueba la cantidad y tipo de explosivos y accesorios de voladura que el minero requiere para trabajar de manera segura y formal.
Los números son realmente preocupantes: al 29 de octubre de 2025, solo se habrían aprobado 24 OTS. Esto, frente a las 5 194 solicitudes que al 20/10/2025 seguían pendientes de evaluación, revela que menos del 1% de expedientes fueron atendidos.
El impacto es directo: miles de mineros sin autorización para usar explosivos, paralizando operaciones, afectando ingresos familiares y generando incertidumbre.

La situación de los trámites del IGAFOM tampoco es mejor. De los 31 457 registros vigentes en el REINFO, el avance es el siguiente:

IGAFOM aprobados: 1 539 (4.89%)
En evaluación: 26 572 (84.47%)
No presentados: 1 473 (4.68%)
Presentados (no evaluados aún): 775 (2.46%)
En verificación: 1 098 (3.49%)

Es decir, al 3 de noviembre de 2025, solo el 4.89% de los IGAFOM han sido aprobados, mientras que 1 473 mineros —pese a estar en proceso de formalización— no presentan aún su expediente, muchos por falta de acompañamiento técnico y otros por desconocimiento real de los requisitos.

Aun con este panorama complejo, quiero rescatar el compromiso expresado públicamente por el Director de la DGFM, Máximo Rodolfo Gallo Quintana, quien señaló ayer en su red social LinkedIn que la meta institucional es formalizar a todos los mineros en proceso de formalización este año. Ese mensaje, viniendo de la más alta autoridad técnica de la formalización en el país, debe tomarse con esperanza, pero también con responsabilidad.

Como abogado especializado en formalización minera integral y regulación de explosivos, y como alguien que trabaja día a día con mineros de todo el Perú, puedo afirmar que la formalización solo será posible si el Estado y los mineros caminan juntos, se respetan los plazos máximos de atención y se mejoran -considerablemente- los canales de comunicación.