El Pleno del Congreso aprobó este miércoles la inhabilitación por 10 años de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela para ejercer función pública. La decisión se adoptó luego de aceptar dos pedidos de reconsideración y someter nuevamente el caso a votación.
Primer intento fallido y giro para sanción
En la primera votación, la propuesta solo obtuvo 63 votos, siendo 68 votos el mínimo requerido para aprobar la inhabilitación por 10 años. Ese resultado parecía cerrar la posibilidad de sanción, y la denuncia constitucional quedaba en vía de archivo.
Sin embargo, tras la intervención de los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow, ambos de Renovación Popular, el Pleno reabrió la discusión. El abogado y analista político Rafael Rodríguez Campos, en comunicación con Maz Media TV, sostuvo que el artículo 58 del Reglamento ”una vez que se logró la reconsideración se procedió a votar nuevamente y con 78 votos se aprobó la inhabilitación”. Este cambio se debería a dos factores: tres congresistas que en un principio se abstuvieron, votaron a favor en la reconsideración. Asimismo, cinco parlamentarios ausentes en la mañana, por la tarde se hicieron presente para inclinar la balanza.
Motivos de la sanción
La sanción contra Espinoza se fundamenta en la acusación de que habría respaldado y participado en la elaboración del reglamento “Actuación Fiscal en la Investigación del delito”. El informe fue denunciado como incompatible con la Ley 32130, que asigna a la Policía Nacional la conducción operativa de las investigaciones preliminares.
El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) atribuye a Espinoza presuntas infracciones a los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución, señalando además posibles delitos como usurpación de funciones, abuso de autoridad, falsedad genérica y prevaricato.
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Sin embargo, jueces y revisores internos del Ministerio Público señalaron que dicho reglamento nunca fue debatido ni aprobado por la Junta de Fiscales Supremos, sino que habría sido impulsado por el entonces fiscal interino Juan Carlos Villena.
Espinoza en el Congreso
Durante su intervención ante el Congreso, Espinoza calificó la acusación como “arbitraria” y denunció una represalia en su contra por las denuncias constitucionales que ella misma presentó contra varios congresistas. Afirmó que la medida afecta la independencia del Ministerio Público y advirtió: “O te doblegas o te sacan. O te sometes o pierdes tu trabajo, tu sueldo, tu seguro social, pierdes tu vida, pierdes lo que amas hacer”.
Su defensa sostuvo que sus actos siempre estuvieron dentro del marco constitucional y orientados a defender la legalidad.
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Reacciones y cuestionamientos
La decisión generó tanto respaldo como fuertes críticas dentro del Congreso. El presidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi, celebró la decisión: “¡Sancionada! La desquiciada ex fiscal Delia Espinoza”. Por el contrario, legisladoras como Susel Paredes, Sigrid Bazán y Flor Pablo denunciaron presiones, arbitrariedades y un grave atropello al equilibrio de poderes. En esa misma línea, señalaron que la sanción responde al deseo de controlar una institución incómoda para el Legislativo.
Por su parte, el abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, calificó el proceso como “tramposo y arbitrario”, denunciando coacciones y un clima hostil durante la deliberación parlamentaria.
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