A pocas semanas de cumplirse un año del Paro Nacional de Transportistas de octubre 2024, la extorsión y atentados continúan atemorizando al sector.
Gremios de transporte confirmaron una nueva movilización para el jueves 2 de octubre. Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), señaló que se encuentran en comunicación con otros sectores, mercados y agrupaciones para que se sumen a esta nueva movilización. El dirigente, quien organizó los primeros paros nacionales en 2024, afirmó que seguirán saliendo a las calles hasta que sean escuchados.
«La inacción del Gobierno de Dina Boluarte está matando a los transportistas, comerciantes, empresarios y emprendedores. No podemos trabajar tranquilos». Ante esta situación, la Coordinadora de Empresas y Transporte Urbano de Lima y Callao, convocó a diferentes empresas para su participación, que hasta la fecha se cuenta con el respaldo de más 250 empresas.
La Asociación de Integración de Transportistas (ANITRA) confirmó que la paralización alcanzará un total de 460 empresas, de las cuales sus unidades operan por la Carretera Central y distritos de Lima Este.
Una de las empresas que acatará la medida, será la empresa Santa Catalina a cargo de la línea B y C. Asimismo, el último incidente de extorsión registrado fue dirigido para el local de esta empresa.
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Otros reportes de ataques extorsivos fue dirigido a la Línea 41, una de las unidades que tiene a cargo la empresa Vipusa. Si bien esta empresa a participado en las anteriores manifestaciones, se espera que se sumen todas sus unidades al paro.
Temor en el sector transporte
Julio Raurau, dirigente por más de 30 años de Conect Perú, indicó para Punto Final que es la primera vez en la historia (del sector transporte) que se atenta contra quienes prestan servicio a la ciudad: “Nos da mucha pena que esto esté sucediendo”. Según su percepción, el problema de las extensiones está vinculado con la inmigración masiva e irregular: “Desde que dejaron entrar a venezolanos de mal vivir comenzaron las extorsiones. Han traído modalidades de crueldad que parecen una pena de muerte para los peruanos”.
Asimismo, reconoció que la problemática va más allá del sector transporte. Todos pagan cupo, ambulantes, mototaxistas, comerciantes y ciudadanos.
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Para Martín Ojeda, asesor legal de empresas de transporte, la situación del sector no es un problema aislado. Por el contrario, sería una antesala de un escenario donde el crimen organizado podría tomar el control del transporte público al aprovechar la informalidad y la falta de regulación.
Radicalización de las medidas
Luis Gutiérrez, representante de APSUPER, había comentado a Mónica Delta que, junto a otros dirigentes, se habían reunido con el ministro del Interior y le dieron un ultimátum: “Si mañana (lunes) no tenemos seguridad, no vamos a salir a trabajar. Puede haber paro nacional”.
Si bien Gutiérrez reconoció que la policía les prometió vigilancia sectorizada en corredores, presencia en terminales y uso de drones, duda de que estas medidas sean suficientes: “Hemos perdido choferes, han sido asesinados. Un 20% de los conductores ya abandonó el sector por miedo. El Estado está en obligación de darnos garantías”, afirmó.
Sin embargo, los tres coincidieron en que los poderes del Estado funcionan de manera aislada. Si la fiscalía culpa a la policía, la policía culpa a la fiscalía y el Poder Judicial culpa al Gobierno. “Se están peleando entre ellos mientras a nosotros nos matan”.
Ante esta situación, la frustración se evidenció al plantear la posibilidad de armar a los choferes. Raurau reconoció que han pedido al ministro facilidades para comprar armas: “Si no tenemos protección, tendremos que autoprotegernos”, sentenció.
