Hackeo cibernético contra la PNP

Hackeo cibernético contra la PNP deja sobre costo de S/208 millones

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha revelado serias fallas de ciberseguridad y un contrato público presuntamente direccionado que favoreció a la empresa Bitel, generando un sobrecosto de más de S/208 millones sin mejoras técnicas verificables.

Contrato hecho a medida y sin competencia real

En una reciente publicación de diario expreso indicaron que, la licitación de 2025 habría sido elaborada con requisitos técnicos, cronogramas y condiciones orientadas a excluir a otros competidores.

Telefónica del Perú (TDP), en el 2020 cobraba S/4.8 millones mensuales por conectar mil dependencias policiales, años más tarde fue reemplazada por Bitel en 2024 por un precio de S/10.6 millones mensuales, sin justificación técnica válida, incluyendo un aumento del 119% injustificado.

A esto se suma que Claro fue desestimada pese a presentar más de 300 observaciones al proceso, y Telefónica se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado.

Global Fiber, la única supuesta competidora incluida, no contaba con red nacional ni infraestructura de transporte de datos, lo que refuerza la hipótesis de una competencia simulada.

Bitel como único proveedor

La convocatoria se realizó solo seis días antes de que entrara en vigor una nueva Ley de Contrataciones, lo que permitió mantener criterios técnicos poco rigurosos.

Esto presuntamente indica que se trató de un proceso acelerado y direccionado para asegurar la continuidad de Bitel como único proveedor. El contrato adjudicado por 36 meses asciende a S/383 millones, más del doble del costo en 2020.

Asimismo, el sobrecosto calculado supera los S/208 millones, sin que exista evidencia de mejoras significativas en cobertura, velocidad ni seguridad de la red policial.

Implicancias de seguridad nacional

La reciente filtración de datos de inteligencia policial, conocida como “DIRIN Leaks”, expuso agentes encubiertos y operaciones reservadas en plataformas abiertas como Telegram.

Esto pone en evidencia fallos estructurales en la ciberseguridad de la institución, así como la fragilidad de su gobernanza tecnológica.

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